La existencia de las Farc estuvo asociada a una serie pavorosa de agresiones contra la sociedad colombiana frente a las cuales, hoy en retrospectiva, se descubre que hubo por momentos excesiva pasividad, desentendimiento o indiferencia por parte del conjunto de la ciudadanía. Un país que se “acostumbró” a ver pasar los muertos y las atrocidades de esa guerrilla.

La reciente presentación ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) de una veintena de víctimas del flagelo del secuestro, que las Farc practicaron con mano de hierro, recluyendo a decenas de civiles, militares y policías, en campos rodeados por alambradas y por sus fusiles amenazantes, ha permitido hacer memoria y conciencia de las gravísimas violaciones de derechos humanos e incontables infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Esos relatos describen la inhumanidad y desprecio por la vida con que esa guerrilla trató a quienes fueron blanco de sus actos de violencia y terror. Despojaron de toda dignidad a quienes privaron de la libertad por meses y años, a quienes cercenaron de sus familias y entornos sociales y laborales, causando daños morales, sicológicos y económicos imborrables, traumáticos.

Negación de atención médica, alimentos insuficientes y putrefactos, violencia de género, alojamientos mohosos y humillantes, enclaustramientos con cero contactos y correos con el exterior, encadenamientos brutales, goces maldadosos con el sufrimiento de las víctimas... Un álbum con muchas de las postales más negras de los conflictos armados internos que haya conocido la humanidad.

Por estas declaraciones es que se hacen comprensibles tanta resistencia social y política, tanto malestar e indignación con el hecho de que, aún sin ser juzgados y oídos y documentados todos sus crímenes, ya la historia corra para algunos de sus jefes entre la normalidad de los pasillos y las cámaras del Congreso.

Porque han faltado y faltan muchos más gestos de arrepentimiento y pedidos de perdón a la sociedad, sin retóricas ni eufemismos por parte del hoy movimiento Farc, por eso mismo, se ha observado la difícil tarea que es la reconciliación con un país que sufrió esas tropelías y barbaridades.

No es que no se quiera la sanación ni la integración de una patria que merece la paz y la modernidad política, en una democracia vigorosa, lo que ocurre es que aún es temprano y las heridas duelen y sangran. Que el largo camino del tiempo permita el duelo y que se atenúen en la memoria estas atrocidades cometidas en una guerra contra el Estado y los civiles, que sin duda se puede calificar de demencial.

Ojalá cada vez cojee menos lo que ha ido decantándose del proceso de paz, y que a diferencia de aquel morral de odios que cargaron las Farc, los ciudadanos sean capaces del perdón y la reincorporación de los guerrilleros que tengan voluntad genuina e inequívoca de respeto a la Constitución, la Ley y la sociedad colombianas.

Ninguna imperfección del sistema democrático puede justificar que existan ejércitos ilegales capaces de provocar tal nivel de daño y de dolor.

ESOS TESTIMONIOS, POR GRAVES Y POR LA IMPUNIDAD EXISTENTE, PRODUCEN REPUGNANCIA

PUBLICADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2018

POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ EXMAGISTRADO Y EXPRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Esos testimonios –los de quienes fueron secuestrados- nos estremecieron. Fueron conmovedores. Y eso que provinieron de figuras conocidas. Es seguro que hubo delitos mucho peores con personas anónimas. Me parece -por eso voté NO en el plebiscito- que en este proceso se consagró la impunidad. Ante ello, se abre paso la competencia de la Corte Penal Internacional.

Produce repugnancia saber que acontecimientos tan terribles tuvieron lugar en este país. Delitos muy graves, tanto de la guerrilla como de los paramilitares. Desde luego, de modo independiente de su procedencia, todos fueron hechos violatorios de los derechos humanos y han quedado en la impunidad por causa de los acuerdos celebrados.

En materia de secuestros, irrita que las Farc -y lo mismo pasa con el Eln- cuando se dignan entregar a los plagiados, es como si nos estuvieran haciendo un favor, como si se tratara de una gracia concedida a la sociedad. Todo se convirtió en show mediático, en espectáculo, pese a la gravedad de los hechos.

La impunidad y el mismo hecho de la representación de las Farc en el Congreso, son pésimos mensajes para Colombia, en especial para la mayoría de ciudadanos de bien, que nos hemos comportado bien, que derivamos ingresos de nuestro trabajo. En comparación, no faltará quien, sin principios, se pregunte: ¿por qué no hice lo mismo? Ellos se han escudado en el perdón y el acuerdo, pero no respetaron las instituciones. Eso implica también faltas y vacío en el Derecho y en el Gobierno. El Ejecutivo, el Congreso y hasta la Corte Constitucional le fallaron al país y a la Constitución. Han contribuido a una mayor sensación de impunidad. Procedieron sin debate, sin revisión a fondo de las medidas. El gobierno Santos, que hizo el proceso, y el actual, que no ha dicho nada, han contribuido a la impunidad.

El Colombiano, Medellín, 31 de octubre de 2018.

A raíz de la elección de su sucesor, Maya había dado otra demostración de su “mala leche”, al incidir indebidamente en el proceso, echando mano de la difamación embozada pero evidente, ante lo cual un periodista dio con las causas de tal animadversión, que yo confirmé recientemente.

Es una razón privada, relacionada con una vieja deuda impagada por parte del hoy adalid de la pulcritud,  Se pierde la plata y el amigo, reza el proverbio, pues el señor Maya se convirtió en enemigo de oficio. Una historia prosaica, de no ser porque, en su afán persecutorio, usó y abusó de las instituciones a su cargo, durante ocho años como procurador y cuatro como contralor.

Durante su cuestionada Procuraduría, no solo me impuso una sanción injustificada, sino que chuzó mis teléfonos durante seis meses, primero buscando un “rabo de paja” que nunca encontró porque no existía, y luego para bloquear mi designación como presidente de Fedegán en favor de su cuñado.

Durante su etapa de Contralor, se sumó a la persecución del gobierno Santos contra Fedegán. No obstante, como le manifesté en carta al ministro Valencia, después de cuatro años de auditorías al FNG, el contralor no encontró un solo hecho que le permitiera endilgar alguna responsabilidad fiscal a Fedegán.  

En su carta, acusa a FEDEGÁN de bloquear el proceso licitatorio para la adjudicación de la administración parafiscal, de tergiversar las calificaciones de la CGR y de la liquidación del FNG, por haber puesto en riesgo su patrimonio con unos avales a Friogán. En la nuestra, demostramos con hechos y argumentos la falsedad de sus acusaciones, que si fueran ciertas, la Contraloría a su cargo no habría archivado todas las investigaciones.

Como corolario, le señalamos al ministro la paradoja de esta persecución. Friogán se salvó de la liquidación y es una promisoria empresa, mientras el FNG fue liquidado, sus empleados despedidos, se perdió el estatus de país libre de aftosa y se le causó lesión enorme a Fedegán y a la ganadería.

En su obsesiva persecución, ya de salida, Maya decide prevaricar, violentando normas constitucionales e incurriendo en desacato de la sentencia que prohíbe a la CGR el control de advertencia; una conducta abusiva, con la intención de presionar mediáticamente las decisiones del Ministerio.

Infame el adiós desesperado de Maya contra Fedegán; ejemplo aberrante de abuso de poder por parte de quien posa como adalid anticorrupción. A Dios gracias, no hay mal que dure cien años.

@jflafaurie