Martes 22 de Octubre de 2019
OTRO FRACASO LA LEY DE GARANTÌAS.

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OTRO FRACASO LA LEY DE GARANTÌAS.

César Salas Pérez     

Más que obvio resultó el anuncio del Presidente Duque de presentarle al congreso de la república un proyecto de Acto Legislativo que reforme la Ley 1530 de 2012 o Ley de Regalías. Para que entendamos el tema vamos a hacer una breve reseña.

Todo empieza en la carta en sus Arts. 332, 360 y 361, los cuales ratifican los derechos del Estado sobre los recursos naturales no renovables, sobre las regalías y la definición de los tipos de regalías.  Las regalías son la retribución económica que pagan las empresas que extraen recursos naturales no renovables como los hidrocarburos y minerales, al Estado Colombiano, por su  explotación, principalmente de petróleo, yacimientos de gas, carbón, Níquel, metales preciosos como el oro y las esmeraldas.  La Ley 141 de 1994 que crea el Fondo Nacional de Regalías y determina su uso. La Ley 715 de 2001 distribuye competencias a las entidades territoriales y fija los criterios de distribución de los recursos del sistema general de Participaciones SGP. La Ley 756 de 2002 es la que ajusta los criterios de liquidación de Regalías  según los niveles de producción. La Ley 819 de 2003 Arts. 13 y 14 que determinan las normas de responsabilidad fiscal para las entidades territoriales. La Ley 1151 de 2007 o ley del Plan Nacional de Desarrollo establece sectores prioritarios para el destino de los recursos del Fondo Nacional de regalías FNR y permite destinar a los Departamentos hasta el 10% de las regalías en el pago de mesadas pensionales. El Decreto 851 de 2009 permite la contratación de interventorías técnicas en los entes territoriales beneficiados con regalías directas.

Llegamos a la Ley 1530 de 2012 que regula la organización y funcionamiento del SGR (Sistema General de Regalías),  Su objeto es distribuir, administrar, controlar, destinar y ejecutar los ingresos provenientes de  la explotación de los recursos naturales no renovables. Luego vinieron los Decretos reglamentarios de la 1530 como el  1949 de 2012 y el 2642 de 2012 sobre temas presupuestales, básicamente.  ¿Cómo funciona el SGR?  En resumen, el presupuesto lo aprueba el congreso de la República, los OCAD se reúnen para evaluar y aprobar los proyectos, todos los Departamentos y Municipios presentan sus proyectos a esos OCAD y mensualmente el Ministerio de Hacienda va girando las asignaciones para las iniciativas previamente aprobadas. En el papel, cualquier persona, natural o jurídica, pública y privada, incluyendo las minorías étnicas pueden presentar proyectos ante las entidades territoriales, otro tema es la burocracia y el rol político.  

Teniendo clara la cronología de la normatividad en cuestión, nos adentraremos a analizar el fracaso rotundo de la Ley 1530, fracaso que  a nuestro juicio se origina por cuatro puntos.

El primero de ellos tiene mucho que ver con el oscuro gobierno que antecedió al actual y fue el de permitir la dispersión de los millonarios  recursos, es decir, permitir la financiación de proyectos poco pertinentes para las regiones que nunca se vieron reflejados en obras macro que beneficiaran al colectivo de las comunidades en las regiones, adicional a esto, que los sistemas de información del Departamento de Planeación Nacional DNP  y del Ministerio de Hacienda, aun conociendo del destino de los recursos, el perfil y el estado de los proyectos regionales, quizá por orden presidencial, daban el visto bueno a tanto proyecto insulso, tal vez para complacer a la clase política de esas regiones, sin importar el fondo del asunto. Aquí también observamos como los OCAD u órganos colegiados de Administración y Decisión, siendo los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración y financiados con el SGR, se convirtieron en focos de tramitomanía, de omisión en el ejercicio de sus funciones y de politiquería burocrática, que no han cumplido con sus propósitos para superar problemas de ineficiencia, pertinencia y transparencia en el gasto de los recursos. Es evidente la pérdida de liderazgo del gobierno nacional en su función prioritaria de orientar el desarrollo regional. Recordémosle a los lectores que para aprobar los proyectos de inversión con recursos del SGR  se conformaron  Seis tipos de OCAD: Un OCAD Nacional, Seis OCAD Regionales, 29 Departamentales, alrededor de unos 950 OCAD Municipales, Nueve de las corporaciones Autónomas Regionales CAR, y el de Cormagdalena.

En segundo lugar, la Lentitud en la ejecución: Recordemos que la mayoría de proyectos aprobados se dirigen a educación, vías, ciencia y Tecnología, saneamiento básico y agua potable, vivienda, recreación, cultura, salud; sin embargo, la gran mayoría de estos carecen de objetivos estratégicos en la ejecución del proyecto, impide que el mismo se cristalice,  aquí vemos que el índice de gestión de proyectos de Regalías IGPR que es el que mide el desempeño de las entidades regionales en proyectos financiados con recursos de regalías como herramienta de gestión y control preventivo  en el reporte y consistencia de la información, el cumplimiento de metas, el cumplimiento de la ejecución en plazo y presupuesto programado y los procedimientos administrativos, generalmente, no se cumplen a cabalidad, los entes territoriales no están cumpliendo con ese GPR, y al acontecer esto por la información que reportan como ejecutores  de los proyectos de regalías,  es lo que conlleva a la suspensión de esos recursos. No olvidemos que es el departamento Nacional de Planeación DNP,  el ente encargado de hacer ese seguimiento.

En tercera medida, existe una evidente debilidad institucional o incapacidad técnica de los entes territoriales que provocan el despilfarro y el mal uso de los recursos de regalías. No existe una política de desarrollo a largo plazo, el gobernador por ejemplo y de acuerdo a conveniencias políticas mantiene cambiando las iniciativas por regalías, desconocen por completo el proceso de planeación regional participativo del Art. 24 de la Ley 1530, confundiendo un proyecto de alcance supradepartamental, con su proyecto político electoral, lo macro lo vuelven  minucia y por ende, se dedican a satisfacer a unos pocos y no a su comunidad en general.

Por último, vuelve una vez más a colación el fenómeno de la corrupción. Con la redistribución de los recursos en todos los municipios y departamentos del país de las regalías, se dispararon los proyectos ante la expectativa de captar recursos frescos, y entes territoriales fuertes presentaron más propuestas, al paso que otros Departamentos ni siquiera presentaron algún proyecto, lo que genero un saqueo de las finanzas publicas por parte de esas dirigencias políticas hambrientas de corruptelas, poco importaba el proyecto con tal de hacerse con el millonario presupuesto, de aquí los elefantes blancos en infraestructura como vías sin terminar su pavimentación, coliseos y edificaciones sin terminar y en ruinas, el desfalco a la salud, a la educación.

El Presidente lo que propone es presentarle al congreso un proyecto de Acto Legislativo que reforme el régimen de Regalías actual, entre otras cosas, para corregir la disminución drástica que se le hizo a las regiones productores de crudo como el Casanare, Meta o Vichada. También se propone que la DNP reforme al FONADE (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo) para que ayude a diseñar y formular proyectos para las comunidades. Se busca que la nueva Ley traiga consigo tres conceptos intrínsecos: A. Obras por regalías, es decir que las obras se puedan hacer con compromisos de regalías y que los recursos los maneje una Fiducia. B. Darle vida al anticipo de Regalías y C. Que existan compensaciones para las regiones productoras en las etapas exploratorias.  Lo anterior, teniendo en cuenta el presupuesto bienal de 2019 y 2020 que ronda los $ 30 Billones de pesos, de los cuales, $ 24.2 Billones estarían disponibles por aprobación del congreso y los restantes $ 6 Billones correspondientes a recursos no ejecutados de vigencias anteriores. Tan importante es el tema de las regalías que representan un valor cercano al 8% del PIB, al rededor del  30%  de la inversión extranjera en Colombia y casi el 50% de nuestras exportaciones. 

 

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