Sábado 21 de Septiembre de 2019
Departamentos Colombianos

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EL PROCURADOR TRAS LA CORRUPCION EN LAS GOBERNACIONES DE LA GUAJIRA Y NORTE DE SANTANDER.

CARRILLO

Bogotá, 29 de julio de 2019. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al gobernador (e) de La Guajira, Wilbert Hernández Sierra, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de bilingüismo por $11.415’893.720 pesos.
 
El órgano de control busca establecer la existencia de posibles faltas en la suscripción, mediante modalidad de contratación directa, de un convenio interadministrativo con la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones NIU TELCO S.A.S., para el “fortalecimiento de competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las IEO del departamento de La Guajira”.
 
La Procuraduría Regional de La Guajira, tras conocer la noticia de que la administración departamental habría firmado el convenio horas antes de entrar en vigencia la Ley 996 de 2015, conocida también como Ley de Garantías; abrió indagación preliminar y ordenó la práctica de pruebas, entre ellas una vista a la empresa radicada en la ciudad de Cúcuta, sin que fuera posible su ubicación en la sede que registró en el OCAD Regional Caribe, - Órgano Colegiado de Administración y Decisión -, que aprobó la financiación del proyecto de bilingüismo en La Guajira con recursos del Sistema General de Regalías.
 
Ante estas evidencias, el ente de control ordenó el traslado del proceso a Bogota, la apertura de investigación y la suspensión, como medida cautelar, de Hernández Sierra para evitar la reiteración de la presunta falta disciplinaria o su participación en un nuevo proceso que pueda vulnerar los principios que rigen la contratación estatal, en época de vigencia de la Ley de Garantías; que aunque entró a regir desde el pasado 27 de junio de 2019, permite la convocatoria a licitación pública, selección abreviada o concurso de méritos.
 
La Procuraduría ordenó la práctica de nuevas pruebas, con el fin de verificar si la conducta del mandatario territorial (e) constituye falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, así como el eventual perjuicio causado a la administración pública. 
 
También solicitó información sobre la constitución de la empresa NIU TELCO S.A.S., su planta de personal para el 26 de junio de 2019, así como los equipos, red y otros elementos con los que contaba para ejecutar el convenio. 
 
El investigado podrá solicitar una vez más ser escuchado en versión libre, como estaba previsto el pasado miércoles en la Regional de La Guajira, sin que se presentara a la diligencia.
 
Finalmente, la Procuraduría compulsó copias de esta decisión para que se investigue al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien al parecer habría suscrito un negocio jurídico para el “fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en el departamento de Norte de Santander”, que sería similar al objeto del contrato que habría dado origen al proceso contra el gobernador (e) de La Guajira.

 

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SIN UN CONGRESO ENMERMELADO

lozan juan

 
21 de julio 2019 , 10:49 p.m.

Que tanto el presidente del Senado como el de la Cámara no pertenezcan a la coalición política del Presidente de la república es algo inédito en la historia política reciente de Colombia. Los catastrofistas de la ‘mermelada’ le recomiendan a Duque empezar a repartir partidas presupuestales y puestos a diestra y siniestra para evitar la catástrofe. Otros dicen que si no entran al gabinete figuras de Cambio Radical y del Partido Liberal, el Gobierno colapsaría.

 

Algunos advierten ya que el chantaje de los presidentes de Senado y Cámara al bloquear la agenda legislativa será implacable y que, además de hundir proyectos, se dedicarán a tumbar ministros si Duque no cede.

Yo, por el contrario, creo que nuestra democracia empieza a transitar por un terreno conveniente que podría derivar en un mejoramiento sustancial del debate público, de la independencia de poderes y del control político. Nada más dañino para Colombia que un Congreso abyecto, de mayorías compradas, que pupitreaba frenético cuanta barbaridad sometían a su consideración.

A mí me gusta que el Congreso sea independiente. Estoy convencido de que desintoxicar el Congreso de ‘mermelada’ y mantener lejos de las curules de los congresistas al ministro de Hacienda feriando la plata de los colombianos para lograr la aprobación de proyectos se constituye en un salto cualitativo de gran importancia.

Soy optimista porque vi a congresistas de todas las bancadas rodeando la radicación del proyecto anticorrupción. Y soy optimista porque vi a congresistas de algunas bancadas discrepando del Gobierno frente al proyecto de prisión perpetua para abusadores de menores con sólidos argumentos constitucionales. Las dos reacciones resultan muy alentadoras, pues, independientemente del resultado final, demuestran que hay una reflexión sobre los proyectos, una deliberación limpia y transparente, una ponderación acerca del contenido y los alcances de las iniciativas legislativas.

Frente a los proyectos de su iniciativa, en los años anteriores, el Gobierno se comportaba como matón de barrio. Como gañán de esquina. Hacía saber que los suyos tenían que aprobar, sí o sí, la agenda del Gobierno. Mientras a los miembros de la coalición les notificaban que en Minhacienda tomaban nota de cada voto inconveniente para pasar la factura a la hora de la desagregación nocturna de las partidas globales, el interés general sucumbía ante los apetitos presupuestales y burocráticos de los honorables padres y madres de la patria.

La mejor cuota inicial del estatuto anticorrupción es lo que está pasando con la decisión del Gobierno de no entrar en la feria de la ‘mermelada’. Valiente. No es posible comparar la gestión de Nancy Patricia con la de ninguno de sus antecesores por la sencilla razón de que todos ellos disponían de ‘mermelada’ presupuestal a rodo. Es como si se pretendiera poner a competir a nuestros ciclistas ‘escarabajos’ trepando las cuestas más empinadas con un escuadrón de motociclistas.

No tengo ninguna información que permita predecir que los entrantes presidentes de Senado y Cámara, a título personal, se vayan a prestar para extorsionar al Gobierno. Si ello llegare a ocurrir, ojalá el Gobierno lo denunciara. Y si ello no ocurre, ojalá el Gobierno lo contara para aplaudirlos. Y si al Gobierno se le cae un proyecto de ley por no ceder a chantajes, que lo sepa Colombia. Y si el Gobierno logra que le aprueben un proyecto sin chantajes ni ‘mermeladas’, que Colombia se entere y aplauda.

En estas condiciones, yo celebro el arranque de esta legislatura incierta, con elecciones atravesadas, y me entusiasma saber que tanto el Gobierno como el Congreso, liberados de una manguala perniciosa, se van a tener que dar pelas virtuosas con un trabajo riguroso en procura de defender el interés general, para recuperar la confianza ciudadana. Ya veremos qué pasa.

JUAN LOZANO

 

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ELECCIONES PACIFICAS,LIMPIAS Y DEMOCRATICAS.

VARGAS4 

 
 

El 27 de julio se cierra el periodo de inscripción para los candidatos que deseen participar en las elecciones de octubre. En buen momento, el Gobierno ha lanzado el plan Ágora para garantizar que las elecciones puedan desarrollarse en forma pacífica, limpia y democrática. El plan es ambicioso pero realista, y creo que su éxito dependerá en buena medida de lo efectivo que sea en sus acciones preventivas y de inteligencia, para lo cual resultan fundamentales la participación de la ciudadanía y la capacidad de coordinación e investigación de entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y las autoridades electorales.

 

Lo más relevante será garantizar la vida y seguridad de los candidatos, en especial en zonas como Arauca, donde opera el Eln, y en los departamentos en donde las disidencias de las Farc aún tienen presencia. También en departamentos como el Chocó, con fuerte y nefasta influencia de la minería ilegal, y, por supuesto, en las regiones donde se han expandido los cultivos ilícitos. En amplias zonas de la geografía nacional, grupos armados, organizaciones criminales y carteles de la corrupción tratarán de influir por la fuerza o la intimidación, cuando no a través de la financiación ilegal de las campañas. De la Fuerza Pública dependerá que puedan evitarse la violencia y el asesinato de los líderes políticos y sociales.

A pesar de esta situación, debo registrar que con la expedición de la Ley 1864 de 2017 se dispone ahora de mejores y más eficaces herramientas para luchar contra la corrupción en materia electoral y sus muy diversas y sofisticadas modalidades. A partir de estos comicios, en el nivel territorial será sancionada la elección ilícita de candidatos, que antes daba lugar a la nulidad electoral con penas de prisión de entre 4 y 9 años; es decir, a quienes sean elegidos para cargos estando inhabilitados por decisión judicial, disciplinaria o fiscal.

Se sancionará con igual pena la conducta del que ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero para que se pronuncien en cualquier sentido en una votación, consulta o plebiscito. Verdaderas empresas electorales dedicadas a esta actividad podrán ser ahora perseguidas y penalizadas.

En materia de financiamiento de las campañas, se tipifican tres nuevos delitos, traídos de la legislación española, que antes eran simples infracciones: la violación de topes o límites de gastos, la consecución de recursos de fuentes prohibidas por la ley y la omisión en la información de los aportantes. Además, nuevas responsabilidades y sanciones de entre 4 y 8 años de prisión se establecen para los gerentes y administradores de las campañas.

Es preciso reconocer que en el pasado, muy poco se ha hecho para sancionar a los responsables de estas conductas. El reto ahora será mayor porque la ley ha sido muy precisa en identificar las prácticas más utilizadas para cometer fraudes electorales. Y será muy grande la frustración ciudadana si las autoridades electorales, disciplinarias y, en especial, penales no aplican con toda severidad y, sobre todo, oportunidad el nuevo régimen. No puede ser, como ocurre por lo general, que una persona elegida fraudulentamente disponga de todos los recursos para que, aun condenada, pueda disfrutar de su cargo durante todo el periodo.

Gran responsabilidad también tendrán los partidos políticos si no disponen de los mecanismos a su alcance para garantizar que todo, desde los avales y la inscripción de los candidatos hasta el proceso de elección, la financiación y la presentación de cuentas, se haga conforme lo determina rigurosamente la ley. Todas las precauciones son pocas. Igualmente, tienen un alto compromiso de alertar a sus miembros de los enormes riesgos a que se exponen, y si es el caso, estos mismos presentar las denuncias.

GERMÁN VARGAS LL

 

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SANTOS SE DESCARÒ Y PROPONE LEGALIZAR LAS DROGAS EN COLOMBIA

SANTOS MALO

“Una guerra que no se ha ganado en 40 años es una guerra perdida”. Así resume el fracaso de la lucha contra el narcotráfico el expresidente y nobel colombiano Juan Manuel Santos, quien, en una entrevista con Efe en Lisboa, apuesta por legalizar la droga “para controlarla mejor”.

Miembro de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, que se reúne en estos días en la capital lusa, Santos se suma a la propuesta de la organización para revisar la clasificación de las drogas de acuerdo con criterios científicos. “La clasificación viene de los años 60 y 70 y es una clasificación que no tiene mucha coherencia, más bien es ideológica, de conveniencia”, explica el nobel de la paz colombiano.

“Estamos proponiendo una reclasificación basada en la ciencia, no en la ideología”, matiza. El combate contra el narcotráfico en los términos en que se viene desarrollando no dará resultados, advierte: “Hace más de 40 años que estamos en esta lucha contra las drogas decretada por Naciones Unidas y no se ha ganado. Y una guerra que no se ha ganado en 40 años es una guerra perdida”.

“Hay que reinventar esta guerra contra el narcotráfico y las drogas y una de las formas más efectivas es quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver hoy con el tráfico de drogas y racionalizarlo para poderla controlar mejor”, dice.

Colombia, recuerda, “quizá sea el país que más sacrificios ha hecho en esta guerra contra las drogas. Hemos sido los que hemos puesto más muertos, más sangre y más violencia y seguimos siendo el primer país exportador de cocaína a los mercados mundiales, entonces algo no está funcionando”

Voces del uribismo criticaron la propuesta del expresidente Santos, al recordarle que entregó el país con más de 200 mil hectáreas de coca. Entre los opositores a su idea está el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez:

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CAMARA DE REPRESENTANTES CONFIRMA INVESTIGACION CONTRA EL EXPRESIDENTE SANTOS POR RECIBIR DINEROS DE ODEBRECHT EN 2.010 Y PARA SU REELECCION EN 2.014

 

  • SANTOS MALO
    El expresidente Juan Manuel Santos ha sido señalado por recibir dinero en su campaña para la reelección en 2014. FOTO: COLPRENSA
 
 
 
 
El presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Ricardo Ferro, confirmó a EL COLOMBIANO la apertura de una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel SanDe acuerdo con el representante del Centro Democrático, la pesquisa parte de la columna publicada por la periodista Vicky Dávila en la Revista Semana a principios de mayo, titulada “Dejen hablar al Ñoño”, una entrevista con el excongresista condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht en la que este afirma que dineros de esta multinacional brasileña entraron a la campaña de Santos para la reelección en 20 Besaile y Ñoños: la caída de un imperio en 8 años que culminò con Santos.
 Por el momento, el presidente de la Comisión decretó diligencias para escuchar al excongresista Elías el próximo 17 de junio y solicitó a la periodista Vicky Dávila la entrevista desgrabada de la que surgió su columna.

 

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