Martes 23 de Julio de 2019
Verdades Confirmadas

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EL GLIFOSATO SIN PRUEBAS IRREFUTABLES.

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RUEDA MARIA I

 
21 de julio 2019 , 12:06 a.m.

No existe evidencia científica irrefutable de que el glifosato sea dañino para la salud, así como tampoco existe la contraria, de que sea inocuo.

Pero Juan Manuel Santos, luego de haber asperjado un millón de hectáreas, se recostó en la advertencia de la Organización Mundial de la Salud para suspender la fumigación de la coca, basada en el principio de “precaución”, palabra que resume la falta de certeza de que habrá un daño. Y así, Santos ofreció a las Farc, en los amagos de los inicios de las conversaciones, su primer acto de buena voluntad: dejar de fumigar “por precaución”.

 

En el artículo 4 del acuerdo de La Habana, ahí sí, el Gobierno no dejó que quedara la aspersión estrictamente prohibida. Pero en la redacción de la sentencia T-236 de la Corte, a un magistrado que debió de amanecer alegre ese día le dio por redactar el artículo 6. En todos los artículos anteriores, la Corte hablaba de riesgo, y en el 6 introdujo la palabra ‘daño’ (el primero requiere precaución; el segundo, prevención), imponiéndole al Gobierno, como requisito para poder fumigar, una prueba irrefutable de que el glifosato no es dañino para la salud. No existe en la variada gama de productos de las industrias farmacéuticas y químicas un solo producto que pueda llevar la etiqueta pegada al frasco en la que se dé fe de que carece de efectos secundarios. Hasta la penicilina, milagroso antibiótico que tantas vidas ha salvado desde su descubrimiento en 1928 por el premio nobel Alexander Fleming, cuántas vidas no ha matado también cuando se le aplica a alguien alérgico.

De manera que, sin ‘patrasearse’ de su sentencia anterior, la Corte aclaró que el Gobierno debe meterle toda la buena fe posible a la minimización de los riesgos.

Todo en consonancia con el punto cuarto del acuerdo de La Habana, que tampoco prohíbe la fumigación, pero la condiciona a ser el último recurso luego de intentar erradicar y sustituir. Pues esto ya se está cumpliendo, porque oficialmente se habla de 35.000 hectáreas ya erradicadas voluntariamente en desarrollo del acuerdo de paz, pero faltan 180.000 más, en lugares en que están aglutinadas, sobre las que nada indica que necesariamente pertenezcan a humildes campesinos de pancoger sino a grandes latifundistas de la droga, y que serán los primeros blancos de la fumigación.

Este obstáculo jurídico, que se creía el más difícil para volver a asperjar, resultó el más fácil. La Corte lo aclaró por unanimidad, y, aunque algunos maledicentes sostienen ‘sotto voce’ que de algo debieron servir las visas que se quitaron y se devolvieron, yo prefiero pensar que los magistrados no estaban dispuestos a que recayera en ellos la responsabilidad de la multiplicación de coca por falta de un remedio eficaz.

Pero la erradicación es solo un instrumento. Que debe, necesariamente, venir acompañado de una estrategia que les apunte no solo a los cultivadores, sino, más importante, a toda la cadena. Está de por medio el difícil tema presupuestal. Asperjar es supremamente costoso. Y esta es la hora en que no sabemos si los gringos nos colaborarán con recursos, aviones y pilotos. Y a nivel nacional, deberíamos haber avanzado en este primer año de Duque en el relacionamiento con las comunidades de los lugares donde se asperjaría, porque los cocaleros tienen hoy importantes organizaciones jurídicas y sociales que producen paros al instante.

Tampoco tenemos una política coherente, en materia de restringir la venta de insumos y precursores químicos, que impida convertir coca en cocaína. Y hasta que ello no suceda, seguirán teniendo razón quienes creen que los cultivadores no son la parte más importante del problema.

Se calcula que descontando los lugares de difícil acceso, y aquellos en los que está prohibido fumigar, como los parques naturales, las fuentes de agua y franjas fronterizas, los cultivos de coca en el país son asperjables en una tercera parte. Mientras menos coca haya, más fácil será implementar exitosos programas de sustitución voluntaria y habrá muchos menos jóvenes, humildes soldados y campesinos mutilados con las minas que los acechan desde la mata.

Esto habríamos podido comenzarlo hace un año, pues nunca estuvo prohibido. Pero entiendo que el Presidente se hubiera empeñado en obtener mayor claridad de la Corte Constitucional, cuyos magistrados a veces fallan como arcanos, recónditos, secretos, reservados e inescrutables. Y después vaya uno a entender qué es lo que quisieron decir. Eso fue, precisamente, lo que nos tuvo varados un año.

Entre tanto... Balance de la decisión de la Corte: no cambiamos nada, pero vayan y asperjen.

MARÍA ISABEL RUEDA

 
21 de julio 2019 , 12:06 a.m.

No existe evidencia científica irrefutable de que el glifosato sea dañino para la salud, así como tampoco existe la contraria, de que sea inocuo.

Pero Juan Manuel Santos, luego de haber asperjado un millón de hectáreas, se recostó en la advertencia de la Organización Mundial de la Salud para suspender la fumigación de la coca, basada en el principio de “precaución”, palabra que resume la falta de certeza de que habrá un daño. Y así, Santos ofreció a las Farc, en los amagos de los inicios de las conversaciones, su primer acto de buena voluntad: dejar de fumigar “por precaución”.

 

En el artículo 4 del acuerdo de La Habana, ahí sí, el Gobierno no dejó que quedara la aspersión estrictamente prohibida. Pero en la redacción de la sentencia T-236 de la Corte, a un magistrado que debió de amanecer alegre ese día le dio por redactar el artículo 6. En todos los artículos anteriores, la Corte hablaba de riesgo, y en el 6 introdujo la palabra ‘daño’ (el primero requiere precaución; el segundo, prevención), imponiéndole al Gobierno, como requisito para poder fumigar, una prueba irrefutable de que el glifosato no es dañino para la salud. No existe en la variada gama de productos de las industrias farmacéuticas y químicas un solo producto que pueda llevar la etiqueta pegada al frasco en la que se dé fe de que carece de efectos secundarios. Hasta la penicilina, milagroso antibiótico que tantas vidas ha salvado desde su descubrimiento en 1928 por el premio nobel Alexander Fleming, cuántas vidas no ha matado también cuando se le aplica a alguien alérgico.

De manera que, sin ‘patrasearse’ de su sentencia anterior, la Corte aclaró que el Gobierno debe meterle toda la buena fe posible a la minimización de los riesgos.

Todo en consonancia con el punto cuarto del acuerdo de La Habana, que tampoco prohíbe la fumigación, pero la condiciona a ser el último recurso luego de intentar erradicar y sustituir. Pues esto ya se está cumpliendo, porque oficialmente se habla de 35.000 hectáreas ya erradicadas voluntariamente en desarrollo del acuerdo de paz, pero faltan 180.000 más, en lugares en que están aglutinadas, sobre las que nada indica que necesariamente pertenezcan a humildes campesinos de pancoger sino a grandes latifundistas de la droga, y que serán los primeros blancos de la fumigación.

Este obstáculo jurídico, que se creía el más difícil para volver a asperjar, resultó el más fácil. La Corte lo aclaró por unanimidad, y, aunque algunos maledicentes sostienen ‘sotto voce’ que de algo debieron servir las visas que se quitaron y se devolvieron, yo prefiero pensar que los magistrados no estaban dispuestos a que recayera en ellos la responsabilidad de la multiplicación de coca por falta de un remedio eficaz.

Pero la erradicación es solo un instrumento. Que debe, necesariamente, venir acompañado de una estrategia que les apunte no solo a los cultivadores, sino, más importante, a toda la cadena. Está de por medio el difícil tema presupuestal. Asperjar es supremamente costoso. Y esta es la hora en que no sabemos si los gringos nos colaborarán con recursos, aviones y pilotos. Y a nivel nacional, deberíamos haber avanzado en este primer año de Duque en el relacionamiento con las comunidades de los lugares donde se asperjaría, porque los cocaleros tienen hoy importantes organizaciones jurídicas y sociales que producen paros al instante.

Tampoco tenemos una política coherente, en materia de restringir la venta de insumos y precursores químicos, que impida convertir coca en cocaína. Y hasta que ello no suceda, seguirán teniendo razón quienes creen que los cultivadores no son la parte más importante del problema.

Se calcula que descontando los lugares de difícil acceso, y aquellos en los que está prohibido fumigar, como los parques naturales, las fuentes de agua y franjas fronterizas, los cultivos de coca en el país son asperjables en una tercera parte. Mientras menos coca haya, más fácil será implementar exitosos programas de sustitución voluntaria y habrá muchos menos jóvenes, humildes soldados y campesinos mutilados con las minas que los acechan desde la mata.

Esto habríamos podido comenzarlo hace un año, pues nunca estuvo prohibido. Pero entiendo que el Presidente se hubiera empeñado en obtener mayor claridad de la Corte Constitucional, cuyos magistrados a veces fallan como arcanos, recónditos, secretos, reservados e inescrutables. Y después vaya uno a entender qué es lo que quisieron decir. Eso fue, precisamente, lo que nos tuvo varados un año.

Entre tanto... Balance de la decisión de la Corte: no cambiamos nada, pero vayan y asperjen.

MARÍA ISABEL RUEDA

 

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CULTIVOS SUSTITUTIVOS DE COCA.

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Paloma Valencia     

Había dicho en la columna anterior que la continuidad de las políticas antinarcóticas, pasan por la erradicación, que debe traducirse en sustitución, y para que sea estable, debe darle al campesino ingresos similares a los de la coca.

Sin embargo, esto rara vez ocurre. Los mercados a los que aspiramos llegar pagan mal los productos agrícolas.  Hay alternativas interesantes capaces de competir en ingresos con la coca; pero este es un gran reto.

Los campesinos que tienen cultivos ilícitos no producen el clorhidrato de cocaína, el paquete blanco que se ve en las incautaciones. Su única labor en ese mercado ilegal es vender las hojas raspadas de las plantas de coca; de ahí el llamado nombre de “raspachines”.

Estos campesinos junto con su familia por hectárea recolectan en promedio 130 arrobas de hoja fresca de coca cada 45 días. Por cada arroba de hoja le dan al campesino 50 mil pesos, de los cuales debe descontar 35 mil pesos por jornales, fertilizantes e insecticidas. Su ganancia es de 15 mil pesos por arroba, lo que equivale a que por fase recibe 6,5 millones de pesos. En un año un “raspachin” recibe 52,7 millones, de los cuales descuenta 36,9 millones por costos. El ingreso neto anual es de 15,8 millones de pesos. Un ingreso mensual de 1,3 millones de pesos.

No cualquier cultivo puede competir.

En Corinto Cauca el aguacate Hass ha sido muy exitoso. El rendimiento es de 8.000 kilos por hectárea. Cada kilo en el mercado nacional es vendido entre 1.500 y 2.000 pesos, y para exportación por encima de los 3.000 pesos. Un campesino, ex cocalero del municipio, se cambió a producir aguacates y recibe ingresos por hectárea mensuales de 1,7 millones de pesos. Sus costos por hectárea son aproximados en 700.000 mensuales. En un año, este campesino, tiene una utilidad neta de 12 millones de pesos, equivalente a un millón de pesos de utilidad mensual. No obstante, los campesinos del municipio tienen en promedio 3 hectáreas, lo que se traduce en 3 millones de pesos mensuales libres. Un resultado competitivo con los ingresos mensuales por producción de hoja de coca. El reto está en que se logre la calidad de exportación, y no suceda que la gran parte de la cosecha se considere de “segunda”, y tenga mal precio.

Otro ejemplo de éxito es la producción de cacao. A diferencia del café, donde las utilidades están en las especialidades; en los últimos años han aparecido los “clones”. Estos hacen referencia a diferentes tipos de nichos de mercado. Los cacaoteros pueden producir distintos clones que van desde cacao para producción de alcohol hasta cacao sin grasa para productos farmacéuticos.

Un cacaotero tiene un mercado asegurado. Para venderlo necesita cosechar, desgranar, fermentar y segmentar. Una hectárea le puede llegar a producir 4.000 kilogramos al año. El precio del kilogramo está en 7.500 pesos. Al año los costos son de 3,5 millones por hectárea.

En el Norte de Cauca, se creó un centro de acopio para la producción de clones. Este centro compra la baba del Cacao, es decir, no se necesita ni fermentarlo ni segmentarlo y la compra al campesino se la hacen por 9.500 pesos por kilo. Un cacaotero puede llegar a tener una utilidad neta anual de 26,5 millones por hectárea, es decir, 2,2 millones de pesos netos mensuales.  Más de un salario mínimo legal vigente adicional que la producción de hoja de cocaína. El reto en ese caso es el “cadmio”, un elemento que es considerado nocivo para la salud, y limita nuestra capacidad exportadora. Debemos trabajar con eficacia para controlar y limitar la cantidad de cadmio en nuestro cacao.

Sin embargo, sobreviene el reto económico del proceso de adecuación de las tierras. En el caso del aguacate Hass, la inversión inicial es de 15 millones de pesos por hectárea, en el de cacao de 10 millones. Con el aguacate, se requieren tres años para que empiece a producir, con el cacao treinta meses.

El programa de sustitución de cultivos debe centrarse en ayudar al productor en su inversión inicial, y el monitoreo durante la etapa de producción; y luego garantizar los mercados para que los precios se mantengan. Sin ello, la estabilidad de las políticas es muy limitada.

 

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Visto: 21

DONDE ESTÀ LA PAZ DE SANTOS?

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Plinio Apuleyo Mendoza

Después de los acuerdos firmados con las Farc, la paz verdadera se ha convertido en un mito.

¿Sobre qué escribir? Me lo pregunto frente al computador. Reviso mentalmente los temas y descubro que, por terribles que sean, no hay nada nuevo que decir sobre ellos. Muchos de mis colegas los han abordado, sin dejar resquicio alguno para encontrarles una novedad. El glifosato, por ejemplo. Después de leer las columnas de Moisés Wasserman y María Isabel Rueda acerca de las discutibles y, en todo caso, dudosas propiedades cancerígenas de esta sustancia, lo único que retengo es que el glifosato no está prohibido en ningún país. Por consiguiente, debería utilizarse para la aspersión aérea en Colombia, ya que somos la nación del mundo que tiene los mayores y desastrosos cultivos de coca.

Otro tema: la interrupción de la vía Bogotá-Villavicencio. Sabemos los desastres que implica para el Llano y la economía del país. Grandes empresas están amenazadas de quiebra por el costo y las dificultades de enviar sus productos a Bogotá. ¿Cuánto tiempo se necesita para evitar las avalanchas de tierra mediante complicados trabajos de ingeniería? Se había hablado inicialmente de una suspensión del tráfico vehicular por tres meses, pero ahora se anuncia por un plazo de mínimo un año.

Después de los acuerdos firmados con las Farc, la paz verdadera se ha convertido en un mito. Ahora, la violencia que se vive en el Valle del Cauca, el sur de Antioquia, el Catatumbo, Arauca y otras regiones fronterizas con Venezuela corre por cuenta del Eln, las disidencias de las Farc y otras guerrillas, alimentadas todas por el narcotráfico.

Lo que no abriga duda alguna es la muerte sistemática de líderes sociales: 317 asesinados desde el 2018 hasta hoy, según el informe del Instituto de Medicina Legal

Las víctimas son de todas las tendencias. Se nos informa que las cifras de excombatientes desaparecidos de las Farc llegan a 724 hombres. ¿Víctimas o disidentes que han vuelto a la guerrilla? No se sabe. La misma inquietud produce la súbita desaparición de ‘Jesús Santrich’. Lo que no abriga duda alguna es la muerte sistemática de líderes sociales: 317 asesinados desde el 2018 hasta hoy, según el informe del Instituto de Medicina Legal.

Nada de esto es culpa del Gobierno. Todo lo contrario. Desde el mandato de Álvaro Uribe no teníamos un presidente tan empeñado como Duque en abrir un camino hacia la paz real y efectiva. Pero esto es solo un sueño. Lo comprobaron en su momento notables figuras como Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (siempre recuerdo haberlo visto muy de cerca, tendido sobre el andén mientras dos policías desarmaban a Roa Sierra), la violencia ha durado más de setenta años, salpicando diariamente la prensa con sus noticias.

La semana pasada encontré una novela mía: Entre dos aguas. Volví a leerla. Para mi sorpresa, descubrí que era una especie de autobiografía, apenas camuflada, que recordaba la decisión que partió mi vida. Después de terminar mi bachillerato a la edad precoz de quince años, duré dos años más sin escoger carrera. Contra la opinión de mi padre, no quería estudiar Derecho, ni Ingeniería ni mucho menos Química Industrial. Pasaba gran parte de mi tiempo en la Biblioteca Nacional, leyendo autores como Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Albert Camus, Jean-Paul Sartre y otros escritores franceses traducidos al castellano. ¿Quería yo ser poeta? De pronto.

Terminé viviendo más de veinte años en París, sin desvincularme nunca de Colombia ni de los temas cruciales de mi país. Venía casi todos los años. Era doloroso dejar atrás el mundo existencialista de Saint-Germain-des-Prés, sus cavas donde resonaban los lamentos del jazz, sus cafés y notables cantantes como Juliette Gréco, para recoger en mis escritos nuestros parajes más tormentosos.

Evidentemente, la violencia ha cambiado de cara. Hace medio siglo, sin duda por influencia de Cuba, era inevitable instrumento de los grupos insurreccionales para llegar al poder. Hoy obedece a otros móviles. Incluso, el Eln vive a la sombra del narcotráfico, como las restantes guerrillas. La corrupción es la madre de muchos homicidios, y el populismo es el peligro de las próximas elecciones.

Plinio Apuleyo Mendoza Después de los acuerdos firmados con las Farc, la paz verdadera se ha convertido en un mito. ¿Sobre qué escribir? Me lo pregunto frente al computador. Reviso mentalmente los temas y descubro que, por terribles que sean, no hay nada nuevo que decir sobre ellos. Muchos de mis colegas los han abordado, sin dejar resquicio alguno para encontrarles una novedad. El glifosato, por ejemplo. Después de leer las columnas de Moisés Wasserman y María Isabel Rueda acerca de las discutibles y, en todo caso, dudosas propiedades cancerígenas de esta sustancia, lo único que retengo es que el glifosato no está prohibido en ningún país. Por consiguiente, debería utilizarse para la aspersión aérea en Colombia, ya que somos la nación del mundo que tiene los mayores y desastrosos cultivos de coca. Otro tema: la interrupción de la vía Bogotá-Villavicencio. Sabemos los desastres que implica para el Llano y la economía del país. Grandes empresas están amenazadas de quiebra por el costo y las dificultades de enviar sus productos a Bogotá. ¿Cuánto tiempo se necesita para evitar las avalanchas de tierra mediante complicados trabajos de ingeniería? Se había hablado inicialmente de una suspensión del tráfico vehicular por tres meses, pero ahora se anuncia por un plazo de mínimo un año. Después de los acuerdos firmados con las Farc, la paz verdadera se ha convertido en un mito. Ahora, la violencia que se vive en el Valle del Cauca, el sur de Antioquia, el Catatumbo, Arauca y otras regiones fronterizas con Venezuela corre por cuenta del Eln, las disidencias de las Farc y otras guerrillas, alimentadas todas por el narcotráfico. Lo que no abriga duda alguna es la muerte sistemática de líderes sociales: 317 asesinados desde el 2018 hasta hoy, según el informe del Instituto de Medicina Legal Las víctimas son de todas las tendencias. Se nos informa que las cifras de excombatientes desaparecidos de las Farc llegan a 724 hombres. ¿Víctimas o disidentes que han vuelto a la guerrilla? No se sabe. La misma inquietud produce la súbita desaparición de ‘Jesús Santrich’. Lo que no abriga duda alguna es la muerte sistemática de líderes sociales: 317 asesinados desde el 2018 hasta hoy, según el informe del Instituto de Medicina Legal. Nada de esto es culpa del Gobierno. Todo lo contrario. Desde el mandato de Álvaro Uribe no teníamos un presidente tan empeñado como Duque en abrir un camino hacia la paz real y efectiva. Pero esto es solo un sueño. Lo comprobaron en su momento notables figuras como Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (siempre recuerdo haberlo visto muy de cerca, tendido sobre el andén mientras dos policías desarmaban a Roa Sierra), la violencia ha durado más de setenta años, salpicando diariamente la prensa con sus noticias. La semana pasada encontré una novela mía: Entre dos aguas. Volví a leerla. Para mi sorpresa, descubrí que era una especie de autobiografía, apenas camuflada, que recordaba la decisión que partió mi vida. Después de terminar mi bachillerato a la edad precoz de quince años, duré dos años más sin escoger carrera. Contra la opinión de mi padre, no quería estudiar Derecho, ni Ingeniería ni mucho menos Química Industrial. Pasaba gran parte de mi tiempo en la Biblioteca Nacional, leyendo autores como Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Albert Camus, Jean-Paul Sartre y otros escritores franceses traducidos al castellano. ¿Quería yo ser poeta? De pronto. Terminé viviendo más de veinte años en París, sin desvincularme nunca de Colombia ni de los temas cruciales de mi país. Venía casi todos los años. Era doloroso dejar atrás el mundo existencialista de Saint-Germain-des-Prés, sus cavas donde resonaban los lamentos del jazz, sus cafés y notables cantantes como Juliette Gréco, para recoger en mis escritos nuestros parajes más tormentosos. Evidentemente, la violencia ha cambiado de cara. Hace medio siglo, sin duda por influencia de Cuba, era inevitable instrumento de los grupos insurreccionales para llegar al poder. Hoy obedece a otros móviles. Incluso, el Eln vive a la sombra del narcotráfico, como las restantes guerrillas. La corrupción es la madre de muchos homicidios, y el populismo es el peligro de las próximas elecciones.

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LA ARROGANCIA DE "EL ESPECTADOR"

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Salud Hernández-Mora

Lo esencial es enviar el mensaje de que el violador que asesina niños no tiene perdón posible.

Es un editorial escrito desde la atalaya de una pretendida superioridad moral y académica. El Espectador se sitúa por encima de los que considera somos una plebe enardecida que no quiere justicia, solo saciar su sed de venganza. Y, puesto que tilda a los colombianos de pueblo ignorante, primario, borregos de escaso o nulo cerebro, asegura que elevaremos a los altares al presidente Duque por regalarnos una ley que satisfaga nuestros instintos más básicos.

Y concluye: “Es un canto a la bandera que, en últimas, es una ofensa contra las víctimas por no enfrentar el problema de raíz”.

Es decir, para El Espectador, las familias de Sharick Alejandra y de los cien pequeños a los que Garavito violó y asesinó, por citar solo unos casos entre miles, rechazan que pasen el resto de sus vidas en las cárceles. Lo que querrían, intuye el periódico, es que reflexionen unos años en sus lugares de reclusión sobre los crímenes cometidos y salgan a hacer lo mismo si les provoca mientras el Estado enfrenta “la raíz del problema”.

No es la única voz que clama en defensa de los sagrados derechos de las personas que disfrutan violando y luego asesinando niños. Cuentan con el apoyo argumental de la Comisión Asesora de Política Criminal del Gobierno, la sabia guía que debe iluminar el oscuro y torvo camino de nosotros, los brutos vengativos. Para los beatos de la sagrada Biblia del 91, reformada decenas de veces, sería “cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada” la cadena perpetua.

Quizá la diferencia estribe en que ustedes piensan demasiado en los derechos de los adultos. Y a nosotros solo nos preocupan los niños

Y tanto ellos como El Espectador y varios colegas aluden al “populismo punitivo” para descalificarnos, acusación que asumieron como su himno.

Nuestro himno, por el contrario, el que muchos entonamos sin importar ideologías, es tan sencillo como primitivo: que se pudran tras las rejas el resto de sus días. No nos interesa su reinserción, no solo porque son incorregibles y pueden atacar a más niños, sino porque es justo, útil y proporcionado castigar duro a quien se ensaña de esa espantosa manera con los más indefensos.

¿Que sale caro mantenerlos presos de por vida? Seguro. Pero más costosos para una sociedad son los reincidentes. ¿Que no supone un freno a que sigan apareciendo Garavitos? De pronto. Pero todavía no lo han probado, y tampoco es el punto clave de la incansable petición de cadena perpetua que en su día lideró Gilma Jiménez y ahora encabeza su hija Yohana.

Lo esencial es enviar el rotundo mensaje de que el violador que asesina niños no tiene perdón posible. Tampoco los peores violadores de infantes. El padrastro de tres niñas, de entre 6 y 12 años, violaba los lunes a una; miércoles, a la segunda; viernes, a la tercera, y el domingo, a la mamá. Me lo contó el policía que lo investigó y lo detuvo. ¿Qué sentencia les dictaríamos los que no sabemos de leyes? Que pase el resto de su asquerosa existencia en una celda y boten la llave. Punto.

Obvio que solo atajaremos a algunos criminales depravados. Sería imprescindible que, al mismo tiempo, el país lidere un gran esfuerzo mundial en investigar el cerebro de los pederastas, convertirlo en prioridad de los Estados. Saber qué los motiva, qué les atrae de esas criaturas, cómo les pueden gustar niñitas que apenas gatean, qué placer encuentran en someterlas a sus deseos repulsivos, qué basuras acumulan en sus neuronas, cómo corregirlo.

Una última anotación para el director de El Espectador, Sandra Borda, Jorge Espinosa, Armando Benedetti y tantos otros que nos tachan de alimentar el “populismo punitivo”. Dentro de unos cuatro años saldrá de prisión Garavito. Para protestar e impedirlo, unos formaremos una cadena humana en la puerta de la cárcel. Ustedes pueden montar su combo para protegerlo y llevárselo de vecino. Yo no lo quiero cerca de mis niños. Es más, deberían resucitar el muro de la infamia de Gilma para salvaguardarlos de los depredadores sexuales.

Quizá la diferencia estribe en que ustedes piensan demasiado en los derechos de los adultos. Y a nosotros solo nos preocupan los niños.

 

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Visto: 17

INCONSECUENTES EN LA IZQUIERDA Y EN LA CORTE CONSTITUCIONAL.

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Mauricio Vargas       

Es inconsecuente clamar contra el asesinato de líderes sociales y, al tiempo, oponerse al glifosato.

La ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, puso el dedo en la llaga el jueves, cuando señaló, cifras en mano, que la génesis del asesinato de líderes sociales, excombatientes de las Farc y defensores de derechos humanos “es el problema del narcotráfico”. Las bandas criminales –herederas de los paramilitares, disidentes de las Farc y el propio Eln– han multiplicado su poder económico y, por ende, su capacidad de matar para dominar las zonas en donde operan, gracias a la disparada, entre 2013 y 2017, de los cultivos de coca, que pasaron de 80.000 hectáreas a 209.000.

Cuando una ‘bacrim’ maneja cultivos, laboratorios y rutas de exportación de cocaína, necesita ejercer un dominio hegemónico y excluyente allí donde opera. Eso incluye tener a su servicio a muchos alcaldes, controlar negocios como la minería ilegal, extorsionar a agricultores y comerciantes, y dominar el negocio de la tierra, tanto rural como urbana.

Un líder de derechos humanos que denuncia esos grupos, un defensor del medioambiente opuesto a que tumben bosque para sembrar coca o abrir minas ilegales, una dirigente (como María del Pilar Hurtado) que defiende a quienes invadieron unas tierras, todos son objetivo por matar para estos criminales. La restitución de tierras a las víctimas está paralizada –como es obvio– en zonas de narcocultivos, y sus líderes, amenazados. Con más coca sembrada, más laboratorios, más rutas que defender y, sobre todo, más plata en los bolsillos y más armas, las ‘bacrim’ necesitan amenazar más y matar más.

Por eso me impresiona que los mismos opinadores que denuncian con vehemencia el asesinato de líderes sociales le hayan caído como manada a mi colega María Isabel Rueda por atreverse a cuestionar, en su columna de estas páginas, a quienes defienden la prohibición del glifosato. El linchamiento –una gritería corta de argumentos y generosa en descalificaciones– contrasta con otra columna, esa sí reflexiva, del profesor Moisés Wasserman el viernes, también en EL TIEMPO.

Al glifosato se le atribuyen eventuales riesgos para la salud, no obstante su uso extendido y actual en cafetales, arrozales y muchos otros cultivos legales. En cuanto a las siembras de coca, en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos y la Corte Constitucional suspendieron la aspersión aérea, la misma que había demostrado su efectividad en años anteriores, al bajar el área a la mitad en la primera década del siglo. El resultado de dicha suspensión fue que los cultivos crecieron casi dos y media veces.

En la balanza tenemos que poner un eventual peligro (el daño a la salud por el glifosato, que está en discusión) frente a una certeza (que su uso erradica cultivos y reduce el poder de matar de las ‘bacrim’). Ahora, si hay mejor remedio que el glifosato, que nos lo digan de una vez por todas.

Yo conozco uno: legalizar las drogas a nivel mundial y no simplemente avanzar en despenalizaciones parciales de marihuana. Eso acabaría con el componente ilegal y mafioso del negocio. El problema es que ni en Colombia ni en los países consumidores hay ambiente político para aplicar ese remedio. Según el Gallup Poll, en el país se oponen el 76 por ciento de los encuestados. Las cifras en otros países son similares.

De modo que hablar de legalización, como se ha puesto de moda entre muchos expresidentes que nada hicieron por ello cuando eran presidentes, es un pajazo mental. Mientras esa legalización no se dé y mientras no nos muestren algo mejor para erradicar que el glifosato –con todo y sus riesgos–, la balanza entre un eventual peligro y una certeza nos lleva a una sola conclusión: si queremos que maten menos líderes sociales, bajemos significativamente la siembra de coca. Y eso, por ahora, solo se ha logrado con aspersiones de glifosato.

MAURICIO VARGAS

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