Jueves 27 de Febrero de 2020
Verdades Confirmadas

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EL ABORTO QUE SE AVECINA

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Rafael Nieto Navia    

Alejandro Linares es el ponente de la sentencia que prepara la Corte Constitucional sobre el aborto. Es el autor de la sentencia sobre las fotomultas. Hizo aclaración de voto a la sentencia SU-096 de octubre 2018, en la que la Corte eliminó los plazos para practicar el aborto en los casos autorizados por la sentencia de 2006 (cuando el embarazo es un riesgo para la salud física y mental de la madre, hay una malformación del feto, o el embarazo es producto de una violación). Hace dos semanas se dio vía libre al aborto de un bebé en el mes séptimo del embarazo, perfectamente viable a esa edad, dizque por razones de salud mental de la mamá y contra la opinión del papá.

Es lógico suponer que la ponencia de Linares recoge sus ideas de la aclaración de 2018, como las siguientes:

En catorce años ha habido muchas trabas para que las mujeres aborten en los casos autorizados. Esto es falso. Hay entidades que plantean objeción de conciencia, pero Profamilia (que hizo el aborto del bebé de siete meses) es una fábrica de abortos que cuenta con subsidios. Tampoco son ciertas las cifras que se dan de abortos clandestinos porque no hay manera de contarlos.

El aborto forma parte del principio constitucional al libre desarrollo de la personalidad. Esa es una interpretación. Pero el derecho a la vida, sin el cual no existen los demás derechos, sí está claramente estipulado en la Constitución: “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Este derecho tiene que prevalecer sobre el del libre desarrollo de la personalidad que, según la Corte, permite consumir drogas en las puertas de las escuelas.

Prevalece el derecho de las mujeres a decidir sobre el derecho de los fetos a vivir. Hoy hay que aceptar que la sentencia de 2006 no tiene reverso, pero el derecho de la madre de decidir sobre el aborto “libre de presión, coacción, apremio, manipulación e inferencias injustificadas” en otros casos no tiene justificación. Es preferible evitar el embarazo que es cuestión de educación sexual a aplicar la pena de muerte a seres indefensos.

La interrupción del embarazo bajo las tres causales permitidas, se mantendría sin ningún límite de tiempo. No hay justificación: la mujer sabe si fue violada y está embarazada antes de tres meses y los procedimientos médicos actuales permiten conocer en esa época si hay peligro de la vida o malformación del feto. Como el derecho de la mujer no puede ser restringido, en el fondo lo que se crea es una falacia para legalizar el aborto en cualquier etapa.

Hay instancias internacionales como el Comité de la Cedaw que instó a los Estados a eliminar la penalización del aborto. La Cedaw solamente formula recomendaciones. Pero la Convención Americana de Derechos Humanos dice claramente que la vida comienza desde la concepción y ese sí es un compromiso internacional. El caso Artavia Murillo vs Costa Rica, argüido por Linares, se refiere a la fertilización in vitro y no tiene relación alguna con el aborto.

Es al Congreso, no a la Corte, al que le corresponde legislar sobre el tema.

 

 

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LA UNIVERSIDAD SECUESTRADA

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Francisco José Lloreda Mera

Una vez más surge la polémica sobre si la Policía puede ingresar a las universidades del Estado para garantizar o recuperar el orden público. Todos los años es la misma cosa. Esta vez, mientras el alcalde de Medellín establece un protocolo para agilizar el ingreso de la Fuerza Pública señalando que “hay infiltrados” y “que se debe proteger la vida”, otros dicen que “jamás violarían un campus universitario” sin la autorización del rector.

Y una vez más se invoca, de manera equivocada, la autonomía universitaria. Se olvida que no es absoluta, pues se supedita al ámbito administrativo, académico y financiero. Es decir, no hay impedimento legal alguno para que las autoridades ingresen, con o sin consentimiento de las directivas universitarias, a los campus oficiales. Cosa distinta es, si la Policía prefiere coordinarlo con los rectores, aunque no tiene que pedirles permiso.

Pero esta discusión, eterna, deja de lado el fondo del asunto: el derecho a la educación. La mayoría de los estudiantes de las universidades oficiales van a estudiar. Son ellos quienes se perjudican con la suspensión de clases, en especial por protestas vandálicas. Según el Sistema Universitario Estatal, SUE, 11 de 32 universidades suspendieron el segundo semestre de 2019 y no se garantiza que logren hacer tres semestres en 2020.

Esto no parece importarles a algunos mandatarios y rectores de universidades oficiales, cuando su prioridad, su deber, es garantizarle a la mayoría el derecho a la educación. Por el contrario, prevalece el ‘nuevo derecho’ a una protesta con violencia y que afecta a terceros. Se olvida que estas universidades las pagamos todos con impuestos. Pero eso tampoco importa, a esas pérdidas se les echa tierra, nadie investiga. Y a pedir más plata.

Recuerdo una frase del profesor Juan Carlos Ruiz, de la Universidad del Rosario, sobre la actuación de muchos directivos universitarios: “Han optado por ser como el avestruz: meter la cabeza en la arena, para no darse cuenta de lo que está pasando.” Tiene razón. Se refleja en justificaciones sesgadas, en especial en el SUE, para evitar el ingreso de la policía. Dicen que se incrementaría la violencia. Felices deben estar los encapuchados.

Lo que todo esto evidencia es una falta vergonzosa de determinación para garantizar el derecho a la educación de quienes desean estudiar y cuidar como se debe los recursos de las universidades, que deberían ser sagrados; falta de valor para expulsar a quienes no van a estudiar sino a sembrar caos, milicianos o no y que suelen estar identificados, y hacer de las universidades oficiales territorios libres de delincuentes y de violencia.

Se confunde la libertad académica, de pensamiento y expresión, fundamentales en toda universidad, con un mínimo de orden. Sin orden no es factible ejercer ningún derecho. Triste decirlo, triste admitirlo: la universidad pública está secuestrada. Secuestrada por unas minorías, desde dentro y desde fuera, ante la mirada imperturbable de más de un gobernante pusilánime, que relativiza la ley, y de directivos universitarios temerosos.

No caerá bien este escrito entre muchos directivos y profesores universitarios. Dirán que generalizo; que desconozco las medidas valerosas que algunos han tomado y, ante todo, la complejidad de las universidades. Es cierto. Lo hago a propósito, porque el país requiere de su liderazgo, para decir basta. El liderazgo de excelentes rectores, que los hay, para defender los derechos de los estudiantes que sí quieren estudiar y que son la mayoría. Y liberar por fin a las universidades oficiales del yugo de una minoría violenta.

Sigue en Twitter @FcoLloreda

https://www.elpais.com.co/, Cali, 16 de febrero de 2020.

 

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LOS QUE NO TIENEN PRINCIPIOS Y LOS QUE CAMBIAN DE PRINCIPIOS.

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LAFAURIE2

Por: José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie

Uno puede cambiar de opinión frente a circunstancias también cambiantes, mas nunca cambiar de principios, como quien se quita algo que ayer le gustaba y hoy le estorba.

Santos pregonó la primera premisa para justificar la traición a sus electores y su claudicante negociación con las Farc, cuando lo que hizo fue abandonar sus convicciones sobre la seguridad como bien público y derecho fundamental, el imperio de la ley como base del Estado de Derecho, el rechazo al terrorismo y la no impunidad para delitos atroces, principios que defendió como ministro y candidato.

Para Iván Duque sería fácil, siguiendo ese ejemplo, declarar a Maduro su nuevo mejor amigo, agacharse a pedir la restauración de unas relaciones que no rompió Colombia sino Venezuela, ceder al chantaje del dictador para traer a Merlano, reiniciar negociaciones con el ELN y hasta postularse a otro Nobel.

Sin embargo, esa es una comedia que le está saliendo mal al dictadorzuelo, que tropezó con la coherencia de Duque. No creo en la captura “por casualidad” de Merlano, en un régimen policivo como el instaurado en Venezuela por los cubanos. Había que hacer el show de la captura, la burla a Duque y el desprecio a Guaidó, para hacer “generosamente” su ofrecimiento envenenado de relaciones consulares para entregar a la excongresista, que no implican el restablecimiento formal de relaciones, pero sí constituyen el reconocimiento de Maduro como interlocutor legítimo y presidente de Venezuela. ¡Qué más quisiera!

Duque no cayó en esa trampa, ni en la del chantaje ladino del temor al ventilador de Merlano, temor que el Gobierno no siente. Ceder iría en contra de las bases -principios- de su política exterior. Así las cosas, el regreso de Merlano es un asunto de deportación que depende del cumplimiento de Venezuela al convenio sobre la Policía Internacional.

Está de por medio la credibilidad del país ante los más de 60 países que reconocen al presidente Guaidó, además del liderazgo continental de Colombia, su dignidad y prestigio, pues un acercamiento al tirano sería símbolo de debilidad y haría saltar la estrategia del cerco diplomático, que no ha resultado tan rápida -es cierto-, pero sigue siendo el camino para el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Internamente, un cambio de rumbo de Duque representaría, para sus votantes, otra traición como la de 2010, mientras que los mismos que hoy le piden claudicar, lo acusarán mañana de claudicante. Es la estrategia de la izquierda: estigmatizar porque sí y porque no. Los mismos que exigen abrir el gobierno a la participación programática -no burocrática- de otros sectores, hoy, cuando da pasos en esa dirección, lo acusan de repartir mermelada a cambio de gobernabilidad al estilo Santos.

Es el costo de la coherencia, pero, como decían los abuelos: “primero muerto que descolorido”.

 

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EL GLIFOSATO UNICA OPCIÒN

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Rafael Nieto Loaiza

Sabemos que la esotérica Ministra de Ciencias se vino lanza en ristre contra el fracking y el uso del glifosato.

El glifosato es el herbicida más usado en el mundo. Es vendido en casi todos los países del mundo, incluyendo Canadá, Japón y la Unión Europea, con la aprobación de sus autoridades ambientales y de salud. Es de acción foliar, es decir, entra por las hojas, y se usa en hierbajos, juncias, matas leñosas y toda clase hierbas anuales, bianuales y perennes, así como en cultivos comerciales.

Fue introducido al mercado en 1974 por Monsanto, bajo la marca Roundup. Pero la patente de la molécula venció en el 2000 y desde entonces son decenas las compañías que fabrican herbicidas que tienen el glifosato como principal ingrediente activo. Hoy es lo que se conoce como un “genérico”.

Contrario a lo que se piensa, el principal productor de glifosato no son los Estados Unidos sino China que, a estas alturas, controla el 30% de un mercado que vende algo menos de ocho mil millones de dólares al año en todo el mundo y que se prevé que llegue a los diez mil en el 2022.

En Colombia hay poco más de 700 formulaciones de herbicidas aprobadas para proteger cultivos. De ellas, 118 tienen glifosato como ingrediente activo. Aunque el 90% de las moléculas se importa, el 85% de los productos finales se fabrica en Colombia por 45 compañías diferentes. A los obsesivos con las multinacionales no sobra recordarles que Bayer, que compró Monsanto en 2018, no vende en Colombia el glifosato que se usa contra la coca. Y para quienes piensan que reemplazar el glifosato es fácil, como lo creyeron la Constitucional y el gobierno Santos al ordenar a la Policía buscar alternativas al glifosato, un esfuerzo que resultó infructuoso como era fácil de prever, Bayer ha anunciado que destinará USD$5.000 millones en los próximos diez años para encontrar un herbicida alternativo. Nosotros, por supuesto, no teníamos ninguna posibilidad de lograrlo. En fin, el principal exportador a nuestro país es China.

En nuestro país el glifosato se aplica en toda clase cultivos lícitos, tanto por vía aérea, por ejemplo en arroz, y caña de azúcar, como con tractor y con bomba espaldera, en flores, palma, cacao, café, banano y toda clase frutales y hortalizas. Se usan alrededor de diez millones de litros anuales. De ellos, menos del 5%, 450.000, fueron para fumigar coca. Si se dejara de usar el glifosato se calcula que la producción agrícola caería entre un 30 y un 40%. Sería un desastre con gravísimas consecuencias para la provisión de alimentos y la nutrición de los colombianos.

En contra de lo que el grueso de la gente cree, el glifosato se sigue usando en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre (Pecat). Y ello ocurre porque la Constitucional, haciéndole un vergonzoso favor a Santos y a las Farc, que lo habían pactado en las negociaciones, prohibió el uso del glifosato, pero solo en aspersiones aéreas y solo contra los narcocultivos.

Lo hizo en virtud del "principio de precaución”, por supuestos riesgos del glifosato sobre la vida y la salud, alegando que en marzo de 2015 la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó el glifosato en la lista 2A, como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, sosteniendo que hay pruebas "no concluyentes" de que puede causar linfoma de No Hodgkin. Lo curioso es que la IARC no hizo distinción alguna sobre el mecanismo para aplicar el glifosato (aspersión aérea o manual) ni dijo una palabra sobre los productos sobre los cuales se usa y, sin embargo, la Corte solo prohibió la aspersión aérea contra los narcocultivos.

Quizás necesita más evidencia el lector de que la Constitucional está politizada y que le importan un comino la vida y la salud: no ha dicho nunca absolutamente nada sobre los otros 82 agentes que están en la lista 2A junto con el glifosato. Peor, no ha dicho nada de nada sobre los 120 agentes que están en el grupo 1 "carcinógeno para el ser humano", en los que hay pruebas inequívocas de que causan cáncer a los humanos. Ni ha pedido un estudio sobre los casos de No Hodgkin en Colombia ni sobre si esos casos pudiesen tener alguna relación con el uso del glifosato.

Por cierto, los Estados Unidos acaban de ratificar, después de nuevos estudios de su agencia de protección ambiental, lo que vienen diciendo hace décadas: con un uso adecuado, el glifosato no representa riesgos para la salud humana y no hay pruebas de que sea carcinogénico. 

Mientras tanto la erradicación manual en nuestro país se hace con una marca china, Cúspide, que en el producto que se vende en Colombia contiene Nonilfenol Etoxilado, una sustancia de lenta biodegradación y un neurotóxico con, esa sí, desenlaces cancerígenos probados, y por eso mismo prohibida en EEUU y en la Unión Europea. Por razones que desconozco, aunque en el Ministerio de Defensa se conoce este problema hace siete años, el proveedor del glifosato chino sigue siendo el mismo y es escogido por una subasta inversa y con proponente único: Talanu Chemical Ltda.

Si queremos ponerle fin al mar de coca que nos tiene azotados y de paso cerrarle este grifo de recursos a los grupos armados organizados y a las bandas de microtraficantes, causantes del grueso de la violencia, es indispensable retornar ya a la aspersión aérea. Pero hay que hacerlo con un glifosato bueno y con un sistema múltiple de proponentes.

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IMPOSIBLE AYUDAR POBRES,DESTRUYENDO RICOS

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Natalia Bedoya      

Decía Abraham Lincoln que “no se puede ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. No se puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. Y no se puede levantar al asalariado destruyendo a quien lo contrata”.

Y es justamente esa filosofía de vida la que debemos aplicar en nuestros tiempos, lejos de la guerra de clases que pretenden promover quienes atizan el debate con políticas de odio y buscan satanizar la empresa privada.

Debemos incentivar la creación de nuevas empresas, facilitar el camino del emprendedor y exaltar al mediano y al gran empresario.

No habrá progreso económico que permita cerrar brechas sociales si seguimos satanizando a quienes generan empleo, si estigmatizamos a quienes promueven el desarrollo y maltratamos a quienes posibilitan que familias enteras puedan subsistir gracias a un salario mensual.

Venezuela es el espejo de quienes arremeten contra la iniciativa privada y anhelan fortalecerse destruyendo a quienes generan oportunidades.

Por el contrario, debemos proteger y potenciar a quienes impulsan la productividad del país. Somos afortunados de tener en Colombia un presidente que le apuesta a la economía naranja, al fortalecimiento del sector empresarial y que ha logrado resultados favorables para nuestra economía.

Colombia mostró su capacidad de crecimiento en 2019 con políticas sostenibles. La inversión extranjera directa superó el 19%, el turismo tuvo su mejor desempeño y el recaudo aumentó más del 10%. Colombia es un país que avanza y es gracias al trabajo conjunto del sector público y privado. No caigamos en luchas estériles. Defendamos el buen rumbo económico de nuestro país.

 

 

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