Martes 21 de Mayo de 2019
Verdades Confirmadas

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MISIL CONTRA LA EXTRADICIÒN

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Rafael Nietio Loaiza

Ilegitimidad de origen. Aunque moleste a muchos, es indispensable recordarlo. De otra manera no se entiende la desconfianza ciudadana frente a las actuaciones de la JEP.

En efecto, la JEP nace de violar el principio fundamental de un estado democrático: respetar el resultado de las urnas. Santos y las Farc se inventaron un plebiscito, cambiaron las reglas para ganarlo, impidieron la financiación pública de los opositores mientras gastaban miles de millones en la campaña del Sí, presionaron a gobernadores y alcaldes y, aún con todas esas y muchas otras ventajas, ganó el No. En Italia y Gran Bretaña los perdedores renunciaron y se respetó el resultado. Acá, con la bendición de una Constitucional que cambió de manera vergonzosa su jurisprudencia en apenas semanas, se aceptó que ese Congreso, enmermelado para un coma diabético, reencauchara el acuerdo rechazado con una “proposición” que ni siquiera tiene respaldo en la ley. El flagrante desconocimiento de la voluntad popular, por mucho que se le haya dado un burdo barniz de legalidad, ahondó una fractura social y política que nació en las elecciones del 2014, cuando se dividió al país en “amigos y enemigos de la paz”, y que hoy sigue viva, profunda, intacta.

Santos, el acuerdo con las Farc y su implementación a las patadas, dividieron el establecimiento y la sociedad colombiana. Un triunfo, en toda la línea, para la izquierda. Para rematar, la JEP le rompe el espinazo a la rama judicial, sus miembros fueron escogidos por cinco personas sin ninguna autoridad (una no es abogada, tres extranjeros), y sin evitar patentes conflictos de interés. Un tribunal que rechazaron los ciudadanos, inventado por las Farc, escogido por designados por las Farc, con abogados de las Farc, y que busca asegurar la impunidad fáctica de los crímenes de las Farc.

Ilegitimidad en el ejercicio. Además, la JEP, aunque “nueva”, sufre de todos los males de la jurisdicción ordinaria. Cien millones de dólares anuales de presupuesto, clientelismo, contratación a dedo, beneficios contractuales para parientes y amigos, ausencia de transparencia en el gasto, pujas internas de poder, burocracia excesiva y altamente ineficiente, algunos magistrados que no dan ni para jueces promiscuos… Y, por supuesto, actuaciones sistemáticas dirigidas a favorecer a las Farc: contratación y pago de sus penalistas defensores, permisos de “vacaciones” en el exterior, blandenguería tolerante con las ausencias de comandantes, encubrimiento y engaño a la justicia (remember Zamora), etcétera.

En conclusión, un engendro. Y después, Santrich. Más allá de la tomadera de pelo con los tiempos (está detenido desde abril del año pasado y la JEP tenía 120 días para decidir), la decisión de la sala que niega la extradición tiene consecuencias gravísimas: A. Prueba que la intención de la mayoría de magistrados no era verificar que los delitos que se le atribuyen habían sido cometidos después de la firma de acuerdo con las Farc, 1 de diciembre de 2016, sino evitar su extradición: no practicaron pruebas, no pidieron testimonios, no revisaron la información de medios (el dibujo de regalo del “ciego” Santrich al capo Rafael Caro, con fecha, por ejemplo), no aceptaron la resolución de acusación de la corte de NY, desecharon los audios de la Fiscalía, etc. B. Le pone un misil a la extradición misma, porque pretendía hacer una “evaluación de la conducta” en Colombia, es decir, un seudojuicio, cuando la lógica de ese mecanismo de cooperación judicial es la inversa: la evaluación de la conducta y de las pruebas se hace en el país requirente, el que solicita la extradición, y no en el requerido. C. Extiende de hecho la jurisdicción de la JEP más allá del 01-12-16. Con ello fomenta el narcotráfico y la reincidencia, porque envía el mensaje perverso de que aún quienes narcotrafican después de la firma del acuerdo disfrutarán de un juez favorable, procedimientos especiales y de las “penas” de mentirillas de la JEP. Y, claro, no serán extraditados. D. Como consecuencia, se desconocen los derechos de las víctimas a la no reincidencia y habrá más violencia.

La renuncia del Fiscal, apenas un gesto de protesta, pero inútil y distractor. Terminó centrando la atención en él y no en el espanto de la decisión de la JEP. Además, esas batallas son para darlas, no para evitarlas. Inoportuna la renuncia de la Ministra de Justicia. Dio la impresión de tener alguna responsabilidad en el episodio cuando no tenía absolutamente ninguna, de manera que el Gobierno terminó asumiendo gratuitamente un costo político.

La apelación de la Procuraduría y la recaptura de Santrich son apenas un consuelo. La batalla por la no extradición queda abierta. Las Farc, que decidieron arroparlo en un peligroso espíritu de cuerpo, temen que en Estados Unidos Santrich se quiebre y cante como una lora. Y ofrezca nuevas pruebas de lo que ya es obvio: que aún hoy hay comandantes de las Farc untados hasta el cuello en narcotráfico, empezando por Iván Márquez, nada menos que el segundo de abordo.

Finalmente, no es la extradición de Santrich lo que amenaza la paz. Lo que fomenta la violencia y mina el acuerdo con las Farc es la reiterada conducta criminal de algunos de sus comandantes. Nos han obligado a tragarnos los sapos de la impunidad y la JEP para los delitos previos a la firma del acuerdo. Pero para los posteriores no puede haber sino justicia implacable.

placable.

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LA JEP PROFUNDIZÒ LA CRISIS INSTITUCIONAL

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VARGAS4

 
19 de mayo 2019 , 01:11 a.m.

La decisión de la JEP en el caso Santrich sacudió todas las estructuras del Estado y profundizó la crisis institucional que se venía gestando hace meses. Pero, como ocurre generalmente, los momentos de crisis también son momentos de oportunidad.

En este caso, creo yo, se abre la posibilidad de concertar un acuerdo nacional entre las ramas del poder público, comenzando por la Rama Judicial y que incluya a los partidos políticos, aun a la oposición, para tramitar en consenso las iniciativas necesarias para salvar los acuerdos de paz, llenar los vacíos y corregir los problemas relativos a su implementación. A este propósito de tender puentes y generar confianzas creo que contribuye la designación de la magistrada Margarita Cabello como nueva titular de la cartera de Justicia.

 

Entre tanto, hay que actuar con prudencia y serenidad y esperar el pronunciamiento de la sala de revisión de la JEP ante el recurso interpuesto por el Procurador General. La sala, integrada por magistrados de reconocida trayectoria, ponderará seguramente el salvamento de voto de una decisión apretada y muy controversial en cuanto a la solicitud y valoración de las pruebas, la competencia para decretar la libertad del acusado y, lo más sensible, el funcionamiento de la extradición como mecanismo de cooperación judicial.

Esta sala podría declarar la nulidad del fallo, con lo cual se abre la posibilidad de incorporar nuevas pruebas, incluido el famoso video, como también remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia en caso de que considere que Santrich debe ser juzgado por la justicia ordinaria, y será esta la que tenga la última palabra.

Sin duda, el detonante mayor de la crisis institucional fue la renuncia presentada por el Fiscal General de la Nación. Sería lamentable que se perdieran, con esta renuncia, los importantes avances que bajo su liderazgo se venían gestando para tramitar en el Congreso nuevas iniciativas que permitieran superar los vacíos y temores en la implementación de los acuerdos de paz y avanzar en nuevos instrumentos para enfrentar con mayor vigor el narcotráfico.

Nos corresponde en este momento evitar que se profundice la polarización con sus indeseables efectos sobre la economía, el crecimiento, la inversión y el clima de confianza, nacional e internacional. Por mi parte, me propongo aportar mi concurso para superar esta situación y, de ser viable, participar positivamente en la construcción de un acuerdo ya esbozado por el Presidente en su alocución de esta semana.

Y a quienes han propuesto o recibido entusiasmados la idea de una constituyente, lamento aguarles la fiesta. Una constituyente sería el peor camino, pues comprometería todos los esfuerzos de este gobierno en los próximos tres años y con pocas probabilidades de tener éxito.

Recordemos que una constituyente, en primer lugar, debe tramitarse mediante una ley en el Congreso aprobada por mayoría absoluta en ambas cámaras, que fije las competencias y el tiempo en que va a sesionar. De ser aprobada, debe ir a la Corte Constitucional para su revisión. Luego se debe convocar una votación a todos los colombianos para establecer si la aprueban y obtener la tercera parte del censo electoral, 12’700.000 votos válidos. Conocido el resultado procede convocar nuevas elecciones para elegir a los constituyentes y ninguna de estas convocatorias puede coincidir con otra elección.

Este tortuoso recorrido tardaría por lo menos dos años. ¿Debe el Gobierno comprometer lo que le resta del periodo en una aventura de esta naturaleza? Me temo que es muy desaconsejable insistir en esta.

Además, es evidente que este proceso polarizaría aún más la sociedad. Tantos problemas para solucionar que yo me pregunto: ¿vale realmente la pena dar un salto al vacío, por decir lo menos, tras el cual quién sabe qué otros propósitos se ocultan?

GERMÁN VARGAS LLERAS

 

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MAGISTRADOS SIN VISA Y SIN PRESION

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Samuel Hoyos        

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa a dos magistrados de las altas cortes. Inmediatamente, jueces, políticos y periodistas, salieron a decir que se trataba de una presión indebida a la justicia colombiana por parte de la potencia norteamericana. Calificaron el hecho como una grave violación a nuestra soberanía, una intromisión indebida de un gobierno extranjero en una decisión de política interna. Según los propios magistrados, y varios de sus colegas, con la decisión buscan presionarlos para que fallen a favor de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP y den vía libre a la extradición.

Aun no es claro si efectivamente se trata de una presión política para que los magistrados no acaben con la extradición, o si existen otras razones para impedirles ingresar a Estados Unidos. En cualquier caso, lo cierto es que cada país es soberano a la hora de decidir a quién le permite entrar a su territorio y a quién no. Washington está en todo su derecho de defender, a través de mecanismos legítimos, sus intereses. Y la extradición, al ser una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico, es un asunto de primer orden para los dos países.

Estados Unidos está en todo su derecho de no compartir decisiones de la justicia colombiana que afectan sus intereses, así como los jueces colombianos están en todo su derecho de fallar como les dicte su conciencia en el marco de la ley, aun cuando a los gringos no les gusten sus decisiones. Pero sorprende ver a los “antiimperialistas” preocupados porque dos magistrados no podrán volver a Miami.

Resulta absurdo que pretendan un pronunciamiento oficial, por parte del Gobierno de Colombia, frente a una decisión libre y legitima de otro país. Esto no se trata de un conflicto entre las dos naciones, ni puede asumirse como una agresión hacia Colombia. No tiene porque interceder el Gobierno, y mal haría en hacerlo, eso sería comprar un problema que no le corresponde, volver un asunto de Estado el problema de dos personas.

No se está presionando a la justicia cuando a un juez le quitan la visa, no lo invitan a una fiesta o lo expulsan de un club social. Los magistrados tienen que seguir administrando justicia, con o sin visa, eso no tiene por qué afectar las decisiones que deben tomar en derecho, si realmente son independientes. Es vergonzoso el show que han montado, amenazando al país con “dejar de emitir sentencias” a raíz de la decisión.

Cuando Barack Obama envió a Bernard Aronson a aplaudir todo el acuerdo de paz con las Farc, no les pareció una intromisión indebida en un asunto interno, ni cuando los noruegos le regalaron (o vendieron) el premio Nobel a Juan Manuel Santos para que pudiera desconocer el resultado del plebiscito. Y ahora que la administración Trump plantea unas preocupaciones legítimas frente a la lucha contra el narcotráfico, les parece una presión inaceptable del “imperialismo yankee”.

@SamuelHoyosM

 

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PRISIONERO DEL REGIMEN NARCO LIBERAL

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Rafael Gómez Martínez

El martes 7 de mayo, se realizó en la Casa de Nariño salón Diana Turbay, otra víctima del régimen y del narcotráfico, un emotivo homenaje al cumplirse 100 años del nacimiento de Álvaro Gómez Hurtado.

En una sentida referencia, el señor Presidente Iván Duque realizó una semblanza de lo que fueron sus días como alumno de cultura colombiana de AGH en la Universidad Sergio Arboleda para llegar al nefasto 2 de noviembre, día de los difuntos, cuando fuera vilmente asesinado al frente de su universidad por una ráfaga de ametralladora, por el régimen.

Al escuchar al Presidente Duque, me acordé de lo que fueron sus últimos días: “no, sacamos nada con tumbar a Samper o hacer un golpe de Estado. No, sacamos nada porque simplemente si se va Samper llegará otro, y otro, y otro peor. Lo que tenemos que tumbar es al régimen”.

Se refería AGH al régimen, siendo el régimen todo aquello que está detrás del poder visible e invisible que lo sostiene en la penumbra.

Si nos referimos al período de Samper presidente, con minúscula, el proceso 8.000, y demás escándalos de corrupción surgidos para sostenerlo: remember Heyne Mogollón de la Cruz junto con su absolución en la Cámara Representantes con la hoy embajadora cristiana en Suiza, si mal no estoy; la famosa licitación de los canales privados de televisión cuando ya estaba listo para caerse.

A ese oscuro régimen, era el que se refería AGH. Ese régimen que está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantener el estatus quo.

Como el oscuro régimen corrupto y amoral que mantuvo y sostuvo a Juan Manuel Santos en el poder a pesar de tener en contra a la población colombiana cuando el NO ganó el plebiscito por marcador de 1 a 0. JMS, lo desconoció junto con el apoyo de ese oscuro poder detrás del poder, del régimen.

Escuchando al presidente Duque pensé hacia mis adentros si a pesar de sus buenas intenciones  no se encuentra prisionero del régimen.

Del régimen judicial, por ejemplo, quien no le permite presentar la reforma necesaria.

Del régimen legislativo, comenzando por Germán Vargas quien se convirtió en la mejor muestra de lo que AGH llamó los partidos políticos por compromiso y no de opinión.

Del sector privado, quien no quiere soltar un ápice de sus intereses.

Del proceso de paz con las Farc cuando se presentan las objeciones al Congreso y este en un acto de compromiso, más no de opinión, resuelve por cuenta del inefable Roy Barreras y el hoy senador sin visa americana Benedetti, poner el palo en la rueda.

En medio del sensible acto, para resaltar el gesto que tuvo Oti Patiño, antiguo miembro del M19. Al momento de preguntarle sobre el secuestro de AGH, Patiño voltio la mirada hacia la familia Gómez Hurtado. Mirándonos fijamente a los ojos con las manos en sus rodillas dijo: “Quiero aprovechar este acto público para ofrecer un perdón a la familia Gómez Hurtado. El secuestro del doctor Gómez Hurtado no debió suceder, lo lamento de todo corazón”.

Cuando Patiño ofreció su perdón sincero, público, como victimario a las víctimas, nosotros, sentí un alivio inmenso en mi corazón. Sentí, como si se me hubiera quitado un peso de encima.

Luego, pensé hacia mis adentros en qué hubiera sucedido si este acto generoso de Patiño de perdón  a las verdaderas víctimas se hubiera replicado durante el proceso de paz con las Farc, donde los hoy senadores victimarios impunes de todos sus delitos no ofrecen un perdón, sincero, a sus víctimas como lo son las niñas violadas de la Corporación Rosa Blanca quienes buscan incansablemente que sean incluidas como víctimas del conflicto armado.

Mientras esta situación no cambie: el ofrecimiento de perdón, sincero, por parte de las Farc al pueblo colombiano víctima de su accionar violento, lo único que se va a generar es más violencia como la que se está viviendo en todo el país en estos momentos.

Mientras no cambiemos nuestra forma de gobernar: opinión Vs. compromiso, el país seguirá siendo sumergido por el oscuro régimen que tiene al país postrado como se encuentra.

Con un país lleno de coca y un oscuro régimen narcótico en la sombra muy poderoso.

Duque, prisionero del régimen que nos llevará a la tumba en las próximas elecciones de Bogotá y del 2022.

Puntilla: Magistrados sin visa americana, me parece un déjà vu. Igual, al elefante de monseñor Rubiano. También, se quedó sin visa; no renunció, así estamos.

@RaGomezMar

 

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LA JEP MODIFICADA,POR OBJECIONES NO HUNDIDAS EN EL SENADO.

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Abelardo De La Espriella

No puede haber discusión seria que permita poner en duda que las seis objeciones al bodrio de la Ley estatutaria que da cuerpo al engendro diabólico de la JEP (en buena hora propuestas por el presidente Iván Duque) no alcanzaron a ser hundidas, a falta de las mayorías absolutas que se requerían en el Senado, según lo señalado por el artículo 153 de la Carta Magna: “La aprobación modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del congreso (sic)”.

Si bien la Cámara de Representantes rechazó las objeciones con los guarismos adecuados, no ocurrió lo mismo en el Senado (miembros: 108; mayoría absoluta: 55; votaron: 47). Así las cosas, la discrepancia entre lo decidido en la Cámara y el Senado tiene como consecuencia que esos seis malhadados artículos deben ser excluidos de la Ley, lo que en plata blanca significa que, por lo menos formal y sustancialmente, la extradición está firme y viva como nunca (no habrá más colados); las víctimas podrán ser reparadas porque el billete ensangrentado de las Farc todo será para dicho efecto; esos terroristas, sin excepción alguna, tendrán que ser investigados y juzgados y no solo los responsables de crímenes de lesa humanidad (no se nos olvidan las niñas violadas por esas joyas); el Alto Comisionado de Paz conserva las competencias que jamás le debieron arrebatar, y la justicia ordinaria tiene jurisdicción, cuando de actos reincidentes por parte de los desmovilizados se trate.

En el trámite de la objeciones, salió a relucir lo peor de los amigos de las Farc: las argucias, las maturrangas y trampas, a las que están habituados sujetos como Roy Barreras, Iván Cepeda, Aida Avella, Mockus, y tantos otros gurruminos de los partidos liberales, de la U, y demás mamertos irredimibles (todas las formas de lucha que llaman); pero no lograron su objetivo, porque terminaron estrellándose con ese muro de contención que es Álvaro Uribe Vélez y su bancada del Centro Democrático. La Nación no tiene cómo pagarle a ese grupo de patriotas, que han hipotecado su tranquilidad por la salud de la República, todo lo que han hecho por la democracia y la institucionalidad.

La Constitución Política es clara, como se ha explicado en precedencia; pero esa circunstancia de poco o nada sirve en Colombia, lugar del mundo en el que la Ley, puede ser obviada cuando la conveniencia, disfrazada de interpretación, hace de las suyas. Un país en el que muchos de sus jueces no aplican la norma como lo prescribe el texto legal, sino que, por el contrario, sacan de sus “cojones” un análisis personalísimo que desconoce el espíritu que a aquella le imprimió el legislador, difícilmente podrá superar el subdesarrollo y el atraso, porque la juridicidad es remplazada por el caos. Son tan bárbaros que incluso desconocen cada tanto su propia jurisprudencia. La Ley no puede ser como el hielo, que sabe a lo que le pongan. En estas tierras, la Ley es como el raspado del Caribe: puede tener muchos sabores y colores, además de bastante hielo.

Con las objeciones en manos de la Corte Constitucional, pasará lo mismo que con el plebiscito: nos van a robar la decisión democrática que en derecho se concretó. En ese tribunal santista y politiquero no hay garantías de ninguna especie: tiene más futuro un atracador en el desierto. La Corte Constitucional ha venido usurpando la función legisladora del Congreso, a ciencia y paciencia y bajo la mirada complaciente de todo el establecimiento. En teoría, la Constitución prevalece sobre la jurisprudencia y la Corte misma, pero la realidad es otra: el Estado está arrodillado al arbitrio de magistrados que se creen oráculos infalibles. En estricto derecho, las objeciones no deben regresar a la Corte, pero nada que hacer, estamos en el país del sagrado corazón y de los jueces todopoderosos.

Una “paz” mal hecha, injusta y de espaldas a las víctimas, engendrará más violencia. La democracia no debe arrodillarse ante el terrorismo, porque el ejemplo que se da a las nuevas generaciones es nefasto.

De algo no hay duda: la vida y la historia les cobrarán con creces a todos aquellos que están protegiendo a capa y espada a los verdugos de la Patria.

La ñapa I: La mamertería ya no sabe qué mentiras y calumnias inventar contra mí. Los montajes son cada vez más burdos y grotescos. Nada de lo que hagan evitará que siga en mi lucha por la democracia. Dos cosas les digo a mis enemigos y malquerientes: la primera: no hay nada más peligroso que enfrentarse a un hombre que no tiene miedo; la segunda: mientras ustedes atacan por la espalda, como los cobardes, yo peleo de frente, como lo hacen los hombres, y con la verdad en la mano.

La ñapa II: Lamento profundamente la muerte trágica del reconocido ganadero y amigo “el Ñeñe” Hernández. A su familia toda mi solidaridad; y a los chismosos un consejo: dejen de inventar historias rebuscadas sobre los difuntos, pues se trató de un atraco y no de un homicidio premeditado. Otra cosa: “el Ñeñe” no estaba “mujereando” como muchos malintencionados han querido hacerlo ver. Paz en su tumba y consuelo para los suyos.

@DELAESPRIELLAE

 

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