Martes 19 de Noviembre de 2019
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EL NUNCIO ESTÀ INTERVINIENDO EN POLITICA Y NOS ESTÀ ACONSEJANDO CON CRITERIOS COMUNISTAS

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Rafael Nieto Navia    

El status de los agentes diplomáticos (embajadores, nuncios de la Santa Sede y otros funcionarios diplomáticos) está reglado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, un tratado universal que, además, recoge derecho consuetudinario y es obligatorio para todos los estados y la Santa Sede.

Los agentes diplomáticos tienen como función representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger los intereses del Estado acreditante, negociar con el gobierno del receptor y fomentar las relaciones amistosas, económicas, culturales y científicas entre los dos Estados.  Lo mismo se aplica mutatis mutandis a los nuncios apostólicos. Los nuncios tienen, además, importantes funciones en la relación entre la Santa Sede y las iglesias locales.

La Santa Sede, cuyo jefe es el Papa, no es un Estado. Pero es miembro de la comunidad internacional desde siempre y desde antes de que lo fueran la mayoría de los estados de hoy día. Mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los estados, independientemente de su religión. El Estado de la Ciudad del Vaticano es un ente distinto que tiene acuerdos con Italia y algunas organizaciones internacionales.

Los nuncios son los agentes diplomáticos de la Santa Sede. Tienen las mismas obligaciones que los demás agentes, entre ellas la contemplada en el artículo 41 de la Convención: no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor.

El actual nuncio apostólico es monseñor Luis Mariano Montemayor, nacido en Argentina. Hace poco dio un par de entrevistas de las cuales cito algunos apartes: A una pregunta sobre su visita a ciertas regiones dijo que las Farc eran las que mandaban y agregó: “Y con ellas negociaban (las gentes) un statu quo que les permitía de alguna manera saber al menos a quién podían protestarle, ahora no. La gente no identifica quién tiene el poder, solo sabe que son muchos y que estos tienen luchas permanentes…Es una constatación. Hay ausencia del Estado en algunas zonas.”

Sobre la JEP: “Dejemos de torpedear, dejemos esta actitud de francotiradores contra el sistema de justicia transicional. ¿Por qué? Porque de algún modo hay que hacer justicia, y este mecanismo fue el que se eligió. Hubo una decisión de Estado... Ahora, hay que dejarlos actuar, dejar que muestren lo que valen y lo que pueden hacer… No vivir permanentemente buscando reformas constitucionales… son los Acuerdos, que gusten o no gusten, es lo que hay, fue lo que se negoció y tienen el aval de la comunidad internacional.” Sobre el Eln: “Es obligación del Estado y de la sociedad civil impedir que el débil sea explotado. Existe, aunque algunos lo nieguen, la violencia política, la solución política a través de la lucha armada. Con el Eln hay que negociar. Para ellos, como para las Farc, ha llegado el momento histórico, la lucha armada no tiene razón de ser… nosotros mantenemos contactos abiertos con el Eln, incluso por razones humanitarias.”

Sobre Cuba: “Era necesario comprender la posición de Cuba, comprender la posición de los países garantes y buscar una solución de las negociaciones en La Habana. Había que darle una mano a Cuba, que no merecía ser castigada, ya que estaba tratando de ayudar a Colombia, como ya lo había hecho con las Farc para salir del fracaso.” Sobre Venezuela: “hay ‘una diplomacia del micrófono’. Las dos partes se han dedicado a amenazarse… Además, el juego de pedir a las tropas venezolanas que deserten o que tomen partido por la oposición, o Maduro decir que apoya efectivamente a ‘Márquez’ o al Eln, y moviliza sus tropas, es un juego muy peligroso.”

¿Consejero político o intervención en política, monseñor?

 

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CONCESIONES PARA LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

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NIETO3

 

Por Rafael Nieto Loaiza

Santos les entregó todo: diez curules en el Congreso por ocho años y sin un solo voto, emisoras de radio y financiación privilegiada que no tiene ningún partido político, ingreso de sus miembros al cuerpo de escoltas de la UNP, salario y pago de prestaciones sociales de los guerrilleros, quebrarle el espinazo a la justicia para crear un tribunal donde escogieron los magistrados y juzgarán a sus enemigos, una comisión “de la verdad” para reescribir a su acomodo la historia del conflicto, modificación de la Constitución e inclusión del contenido en el ordenamiento jurídico, lavada de cara nacional e internacional y, en general, un tratamiento como si las Farc fueran iguales al Estado.

Además, hizo dos concesiones adicionales que explican la persistencia de la violencia: por un lado, impunidad de iure, vía amnistía e indulto, de los delitos “ordinarios” y, más grave, impunidad de facto para los crímenes de guerra y de lesa humanidad. La impunidad siempre es germen de nuevas violencias: invita a repetir. Si, además, no solo no hay sanción real para el delito sino que se rompe el principio de igualdad frente a la ley para tratar de manera más favorable a los criminales que a los ciudadanos de bien, como ocurrió con las Farc, el mensaje ético y social es devastador. Sin embargo, muchos dicen que era el pago necesario para que las Farc dejaran de matar.

La otra concesión es mucho más difícil de explicar. La negociación se hizo, hay que decirlo con todas las letras, con una guerrilla untada hasta el cuello de narcotráfico, con una mafia gigantesca y muy violenta. Y sin embargo, Santos pactó con esa narcoguerrilla: durante la negociación, suspensión de la fumigación aérea y de la erradicación forzada; después, obligación de concertar con los narcocultivadores antes de erradicar y privilegiar la sustitución voluntaria, incentivos económicos para los cocaleros por 24 meses, suspensión por dos años de las acusaciones penales a los cultivadores, garantía de no extradición para las Farc y sus familiares, modificación de la jurisprudencia para tratar el narcotráfico como conexo a los delitos “políticos” y, por tanto, amnistía y el indulto.

Además, y esto es aún más grave, no se estableció sanción efectiva por no colaborar para desmontar el negocio. De hecho, no hay un solo caso en que las Farc hayan entregado laboratorios, pistas clandestinas, rutas, narcocultivos, nombres de sus cómplices, mecanismos de lavado de activos ni, mucho menos, dineros y bienes resultados del narcotráfico.

Fueron esas concesiones las que generaron que criticáramos ese acuerdo, no porque fuéramos enemigos de la paz sino porque las consideramos excesivas y peligrosas. Mostraban un estado débil. Alimentaban la impunidad. Premiaban a los violentos. Establecían un conjunto de incentivos perversos para el narcotráfico. Creíamos que, en lugar de traer paz, alimentarían la violencia.

Es lo que ha ocurrido. El año pasado, en plena aplicación del acuerdo, tuvimos 208.000 hectáreas de coca y mil toneladas de producción. Y la tasa de homicidios aumentó un 6.6%, cambiando la tendencia de disminución de los últimos tres lustros.

Las Farc dejaron los frentes más ricos y poderosos, vinculados al narco y a la minería ilegal, entre ellos el 1, 7, 16, 40 y 48, por fuera del acuerdo. Las famosas “disidencias”. Y desde abril del año pasado, todos sabemos (la JEP se hace la pendeja) que Márquez, jefe de negociadores de las Farc en La Habana, y al menos otro miembro del secretariado, Santrich, nunca se desvincularon del narcotráfico. Los llamados “reincidentes” también son mafiosos.

El examen de la geografía de la violencia reafirma mi tesis: no somos, en general, un país violento. La violencia no es homogénea. Se concentra en unas zonas específicas del territorio, aquellas vinculadas a las economías ilícitas: minería ilegal y narcotráfico. Es el control de esas rentas ilegales y la búsqueda de su expansión la que explica en lo fundamental la aún altísima tasa de homicidios que sufrimos, la razón por la que en Colombia persistió el conflicto armado mientras que en el resto del Continente desaparecía, el motivo de las “disidencias” y de que Márquez y su banda nunca dejaran el negocio, el motor que alimenta y permite crecer a los grupos armados organizados, la causa que recicla, una y otra vez, la violencia.

O entendemos que las rentas ilícitas son el problema y nos decidimos como país a eliminarlas o seguiremos en esta espiral violenta interminable que no nos permite alcanzar el futuro que nos merecemos.

 

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LOS COLOMBIANOS NO CREEMOS EN NADA NI EN NADIE

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lozan juan

 
 

Por el filo del precipicio transita Colombia, con un desprestigio generalizado de sus instituciones. Son dramáticas las cifras del último estudio de Gallup, recién salido del horno (Gallup Poll n.º 132, agosto de 2019).

Para citar solo algunos ejemplos, la Iglesia católica llega a su punto más bajo en cerca de 20 años (precario 51 % de imagen favorable). El Congreso, a uno de sus más altos registros de desfavorabilidad (75 %). Las Fuerzas Militares, a 58 % de favorabilidad, la marcación más baja en cinco gobiernos, por debajo, incluso, de la registrada durante el escándalo de los ‘falsos positivos’. La Policía Nacional sigue con un inquietante desfavorable de 52 %, por encima de un 43 % favorable.La Corte Constitucional, a diferencia de lo que había sucedido a partir de su creación, lleva desde el segundo gobierno de Santos cargando con una imagen negativa que se ubica en 53 %, con un 36 % favorable. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, que tiene imagen negativa desde el 2012, registra una imagen desfavorable del 62 %, contra un escaso 28 % favorable. Y en el sistema judicial en su conjunto, el desfavorable está en 79 % versus un microscópico 15 % favorable. Casi lo mismo que los partidos políticos: 79 % desfavorable, 14 % favorableLa clase empresarial colombiana, por su parte, no registraba marcaciones más bajitas desde 2002 (49 % favorable contra 42 % desfavorable), y frente a los medios de comunicación, las épocas en las que su imagen favorable rondaba el 80 % parece cosa del pasado. Hoy, el asunto es a otro precio. Su imagen favorable es de apenas 51 %, contra un alto desfavorable de 45 %.

Aquí no queda títere con cabeza. Parece caldo de cultivo para locos mesiánicos, para habilidosos populistas, para prestidigitadores de las extremas –o de la izquierda o la derecha– que con verbo encendido pretendan sacar réditos políticos de un panorama en el que la gente no les cree a los jueces, ni a los políticos, ni a militares, ni a los gobernantes, ni a los sacerdotes ni a los medios de comunicación.

Es un camino hacia el imperio de la anarquía, de la confusión, del desánimo, de la maledicencia, los odios, las iras y los desengaños. Así es como llegan al poder tipos como Maduro/Chávez o Daniel Ortega y como retornan figuras nefastas como el combo kirchnerista, que ya está acariciando el poder en Argentina.

Y no se trata de lanzar voces apocalípticas, de caos o destrucción. Tampoco, de instaurar una retórica llorona sobre lo mal que estamos, ni de miedo sobre un tenebroso futuro. Muy por el contrario. Escribo esta columna convencido de la capacidad de Colombia para remontar este momento y superarlo con esfuerzos colectivos, exigencias ciudadanas, respuestas institucionales y madurez democrática.

En cada estamento hay que sacar las manzanas podridas. Y freír los peces gordos. Y rectificar caminos. Sin vacilación. Llámense cura pederasta, senador ladrón, militar torcido, policía corrupto, empresario serruchero, juez untado. Una mezcla de repudio social, resortes éticos del sector y acciones judiciales individualizadas eficaces para que no se manchen los honestos resulta imperativa. Los buenos son más, y hay que mostrarlos, estimularlos, premiarlos y convertirlos en modelos por seguir.

Necesitamos promover y visibilizar los buenos ejemplos. Y promover las reformas estructurales retenidas frente a la justicia y el sistema político. Y se debe buscar una articulación de líderes virtuosos, mirando hacia el futuro, en los diferentes campos de la vida colombiana para identificar causas colectivas orientadas a proteger el bien común.

Este estudio, el más serio en su género, que se aplica con metodología constante en Colombia desde hace muchos años y llegó a su entrega #132, es un potente campanazo de alerta de tsunami, huracán y terremoto. Todavía estamos a tiempo. Y todos tenemos algo por hacer.

JUAN LOZANO

 

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LAS FARC DISIDENTES MATANDO A LIDERES SOCIALES

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VARGAS MAURICIO Por: Mauricio Vargas 07 de septiembre 2019 , 10:41 p.m. La senadora y presidenta del partido Unión Patriótica, Aída Avella, lo ha denunciado: detrás del asesinato de decenas de dirigentes sociales están los carteles de la droga mexicanos, que han penetrado de manera significativa en el país. “Está en marcha un proceso de aniquilamiento de la dirigencia social por parte de esos carteles”, ha aseverado Avella. El principal de esos grupos es el de Sinaloa, conocido por sus sanguinarias formas de apoderarse de un pueblo o de una región, lo mismo en México que en Centroamérica y que, ahora, en Colombia. Los orates al poder La Defensoría del Pueblo y varias ONG de derechos humanos han señalado a los de Sinaloa como autores de decenas de homicidios de líderes en Urabá, Cauca, Nariño y otras zonas. Tras la masacre, a inicios de esta semana, en la que murieron Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez (norte del Cauca), y cinco integrantes de su comitiva, copias de un panfleto de los de Sinaloa en el que asumen el crimen inundaron la zona. Los representantes de ese cartel mexicano quieren dejar en claro que ellos mandan en la región y que todos allá deben estar a su servicio. Lo increíble es que ni la senadora Avella, ni la Defensoría, ni las ONG ni los medios que han cubierto estos casos hayan reparado en algo tan evidente: el cartel de Sinaloa penetró en Colombia y se volvió poderoso gracias a su alianza de varios años con una docena de frentes de las Farc. Los socios criminales de la guerrilla que decía defender al pueblo están matando a los líderes del pueblo. Esa alianza no desapareció tras los acuerdos de La Habana. Los negocios de Sinaloa continuaron con las disidencias de las Farc y, bueno es recordarlo, con el tristemente célebre ‘Jesús Santrich’, que fue videograbado mientras negociaba un cargamento de toneladas de cocaína con delegados de ese mismo cartel, el de Sinaloa, meses después de la firma de los acuerdos. Más grave aún: a ‘Santrich’ lo acompañaba en ese encuentro Marlon Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’, quien logró que su tío, por años número dos de las Farc, y duro negociador en La Habana, les grabara a los emisarios de Sinaloa un muy amigable saludo en video, como lo reveló esta semana EL TIEMPO. Ahora está bien claro: los socios de ‘Márquez’, ‘Santrich’, el ‘Paisa’ y ‘Romaña’ –los mismos que anunciaron la reactivación de un pedazo de las Farc como guerrilla, hace pocos días– están detrás de gran número de asesinatos de líderes sociales. Rodrigo Londoño, presidente del partido Farc, quien al lado de la gran mayoría de comandantes y de tropa se mantiene en los acuerdos de desmovilización, dijo el jueves, a propósito de la decisión de ‘Márquez’, ‘Santrich’ y demás: “No hay una causa política detrás de lo que han hecho”. Y es cierto, no la hay. Es un mero asunto de negocios, de narcotráfico, de mafia. No se trata del incumplimiento de los acuerdos por el Gobierno, que algunos cacarean, como si fuera sencillo implementar el descomunal cúmulo de alegres compromisos adquiridos por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc. Si de incumplimientos se trata, ¡qué tal el que significan las disidencias, y la actitud de ‘Márquez’ y sus compinches! Se trata de mafia pura y dura: la alianza entre quienes jamás dejaron la guerra y los sanguinarios del cartel de Sinaloa, todos juntos en el mismo negocio. Por eso, cada vez que muera un líder social asesinado por esa siniestra coalición, quienes ayudaron a ‘Santrich’ a salirse con la suya –magistrados de la JEP y de la Corte Suprema, senadores de izquierda como Iván Cepeda, que tanto se solidarizó con ‘Santrich’, y muchos más– deben tratar de arreglar las cuentas con su conciencia. Porque ese hombre al que le permitieron escapar es el gran aliado de los asesinos de los líderes sociales. MAURICIO VARGAS Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. iv>

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LA VERDAD SILENCIADA EN EL SENADO

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José Félix Lafaurie R.

Después de “pruebas” y acusaciones, como si aquello no fuera un debate sino un juicio, fue vergonzosa la actitud de los senadores Robledo y López, citantes del debate sobre la corrupción de Odebrecht, para impedirle hablar a Óscar Iván Zuluaga.

Óscar Iván se presenta con el ánimo resuelto de hacerlo, para lo cual se requería decretar sesión informal a partir de una votación que arroja mayoría aprobatoria; pero surge un impedimento inesperado: faltaban los citantes, que desaparecieron para impedir la sesión informal.

¿Acaso temían confrontar “su verdad” con la de Oscar Iván? ¿Por qué silenciarlo? Sin duda, sus argumentos eran  espurios y, ante la inesperada presencia de su presa, prefirieron “volarse” y dejar sus acusaciones en punta, pues “de la calumnia algo queda”.

Aquello no fue un debate de control político, sino un “juicio” que encaja en la estrategia de la izquierda. Primero, martillar mediáticamente una narrativa que, en este caso, convenciera a la opinión de que OIZ, igual que Santos, recibió recursos ilegales; segundo: judicializar esa narrativa para, tercero: lograr la condena mediática y judicial de su enemigo.

Una cosa es el debate de control “político” y otra la “politización” del debate, que fue evidente en la promoción mediática de Robledo en las redes, que parecía invitando a un gran espectáculo, para que el país creyera en su narrativa estigmatizante. 

Aunque lo que pretendían era tumbar a la Ministra Orozco, su propósito era también igualar a Santos con Zuluaga y, por contraste, reforzar su falsa imagen de ser el “tono moral” en la política.

Con Óscar Iván se equivocaron, pues no dudó en enfrentar el debate. Siempre integro, nunca mediatizó su proceso en busca de apoyos y se sometió a las decisiones de partido y a las sentencias judiciales, que hablan por él, como lo hizo el CNE y lo tendrá que hacer la Fiscalía, que no pudo o no quiso buscar el testimonio del señor Duda –todo comenzó con sus declaraciones a la revista Veja-, ante lo cual el excandidato se dirigió a la justicia brasileña para que, en el marco de un proceso judicial, conminara a Duda a presentar testimonio. Sorpréndanse. Duda lo hizo y, después de un largo trámite, la justicia tiene sus declaraciones.

Óscar Iván no iba a presentar solamente “su verdad”, sino, muy seguramente, aquella con soporte probatorio de la justicia brasileña. Pero se lo impidieron; temporalmente, porque el debate continúa y allá estará con su verdad. Si el Congreso es “la voz del pueblo”, debe escuchar la de quien recibió siete millones de votos y, por cuenta de la corrupción de otro, no llegó a la Presidencia.

N.B. Mientras Óscar Iván se presenta con gallardía a defender su conducta, a Santos se le suman, además de Odebrecht, Cemex e Impregilo; pero con astucia de jugador, se esconde en su silencio… y en su Nobel. ¡Que dé la cara!

@jflafaurie

 

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